El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este miércoles que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ejerce presiones sobre varios países para que modifiquen su postura en la votación sobre la resolución contra el bloqueo estadounidense a la isla, prevista para finales de este mes en la Asamblea General de Naciones Unidas.

«El secretario de Estado de EE.UU., nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU», escribió en X el canciller cubano.

El próximo 29 de octubre, la Asamblea General analizará y votará la resolución que exige el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana. Al presentar a la prensa en septiembre pasado el informe que Cuba presenta este año a la ONU, Rodríguez Parrilla detalló los daños de esa política, tanto en el último año como los acumulados.

Según los datos oficiales, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 los daños económicos por el bloqueo superaron los 8.000 millones de dólares (8.083.300.000), un 7% más que en el período anterior.

La afectación acumulada por más de seis décadas de bloqueo asciende a más de 178.000 millones (178.700.500.000) a precios corrientes (un aumento de 4.7% en el total desde el último reporte, en 2025).

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Al exponer este miércoles las presiones de EE.UU. para influir en la votación en la ONU, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que Rubio, «con sus repetidas mentiras y nuevas acciones», busca «silenciar el acto de castigo colectivo que está cometiendo contra el pueblo cubano y hacer cómplice al resto de la comunidad internacional de esa barbarie».

Durante la presentación del informe actualizado sobre daños del bloqueo, en septiembre pasado, Rodríguez Parrilla recordó que el reporte [cierre al 28 de febrero] solo contemplaba el primer mes de bloqueo petrolero de EE.UU. [por orden ejecutiva firmado el 29 de enero], que ha obstaculizado la llegada de combustible a la isla en 2026, agravando la crisis energética y golpeando severamente sectores críticos como el productivo, transporte, salud y abasto de agua.

Al entrar en vigor el bloqueo, se reportó a varios buques que en semanas siguientes desviaron su rumbo a otros puertos cuando se acercaban a Cuba, su destino inicial. Más recientemente, EE.UU. ha interceptado e incautado cargamentos menores de combustible que se dirigían a la isla, cuyas autoridades han denunciado esas operaciones como «piratería y pillaje».

En julio, Cuba pidió una sesión especial en la ONU para denunciar las últimas medidas de Estados Unidos contra la isla, con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó el informe resultante de la visita oficial a Cuba, en noviembre de 2025, de la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan.

La investigación recoge evidencias recabadas durante el recorrido oficial realizado del 11 al 21 de noviembre de 2025, cuando Douhan sostuvo encuentros con autoridades gubernamentales, actores del sector privado, organizaciones comunitarias, investigadores, periodistas y representantes del sistema de la ONU.

El informe de la relatora especial concluyó que las sanciones unilaterales estadounidenses violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, vulnerando los derechos del pueblo cubano a la salud, la alimentación, la educación, la vida digna y el desarrollo económico-social.

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Al bloqueo petrolero decretado en enero por Donald Trump han seguido más 10 rondas de sanciones contra minería, comercio exterior, puertos, finanzas, remesas, servicios médicos internacionales, energía y construcción. Washington también ha mantenido a la isla, arbitrariamente, en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, lo cual complejiza y frena transacciones financieras del país caribeño vitales para el comercio.

A ello se suma la orden ejecutiva del 1 de mayo, que ha sido el soporte de esa ola de medidas coercitivas y reforzado la internacionalización del bloqueo (consistente en presionar a empresas y organizaciones de terceros países, vía amenaza de sanciones secundarias, para que corten o no inicien relaciones comerciales, financieras o de inversión con Cuba).

La Asamblea General de la ONU ha votado anualmente desde 1992 la resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, en vigor formalmente desde febrero de 1962 y hoy un complejo entramado de leyes, órdenes ejecutivas y medidas coercitivas destinadas a la asfixia económica, la desestabilización y el cambio de régimen en la isla.

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