«Amenazas y coacción»: expertos ONU condenan cerco a Cuba y EE.UU. impone más sanciones
«La alimentación nunca debe ser instrumento de presión política», recuerdan a EE.UU. los expertos y añaden que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General «deberían abordar urgentemente» las amenazas a Cuba «como cuestión de paz y seguridad internacionales».
El bloqueo energético en vigor desde enero de 2026 ha llevado a extremos la crisis energética en Cuba y afecta no solo a los hogares, sino la distribución y conservación de alimentos, salas y servicios hospitalarios, incluidos los de urgencias y cirugía; el abasto de agua, el transporte y la actividad económica. La Administración Trump busca instrumentalizar a la población civil mediante escasez y privaciones para forzar el cambio de régimen. Foto: EFE.
6 de agosto de 2026 Hora: 20:44
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Expertos independientes de derechos humanos de Naciones Unidas condenaron este jueves las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Cuba el pasado 23 de julio, en una declaración que coincidió con un nuevo paquete de sanciones emitido por la Administración Trump, que desde enero impide la llegada de petróleo a la isla.
En una declaración en la que denuncian el «intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción», los expertos en derechos humanos advirtieron que la comunidad internacional y la sociedad civil deben actuar con rapidez para evitar que Cuba no se convierta en una «Gaza silenciosa», un término que usaron congresistas estadounidenses del Partido Demócrata que recientemente visitaron el país caribeño.
Las sanciones del 23 de julio, que siguen a la orden ejecutiva del 1 de mayo para reforzar e internacionalizar aún más el bloqueo y a otros paquetes emitidos desde inicios de 2026, intensifican el cerco al sector energético, el de cooperación y servicios médicos, las remesas y la actividad portuaria de Cuba.
El grupo de expertos señaló que el bloqueo petrolero y las sanciones del 23 de julio han obstaculizado aún más la adquisición de combustible, incluso por razones humanitarias, en un momento en el que Cuba ha sufrido recientemente su tercer gran apagón a nivel nacional en pocos días.
Los expertos señalaron que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural.
A la vez, denunciaron que «las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo».
Las agencias de la ONU en Cuba han advertido de los crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad, con repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer.
«La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana», afirmaron los expertos.
Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU sobre el impacto de las sanciones, Zaina Jallad, y su homóloga sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva.
Amenazas y acusaciones a Cuba sin pruebas y contra el derecho internacional
El 20 de julio, poco antes de que Washington anunciara el paquete de sanciones del día 23, el Departamento de Estado publicó un informe titulado «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI», en el que describe a la nación antillana como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica.
Los expertos de la ONU señalaron que el informe carece de pruebas concretas de que Cuba apoye el terrorismo o actividades subversivas y subrayan que las medidas coercitivas unilaterales ilegales de EE.UU. contra Cuba contravienen el artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el bloqueo de décadas contra la isla.
«El Gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al derecho internacional», afirmaron los expertos.
«El Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales», añadieron.
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Cuba o la «Gaza silenciosa» bajo más sanciones
Luego de que el paquete del 23 de julio apuntara, entre otros sectores, la terminal portuaria de Mariel, un instituto de estudios del petróleo y los servicios médicos, de los que Cuba ha obtenido durante años parte de los fondos que reinvierte en el sistema de salud, el Gobierno de Donald Trump ha anunciado este jueves más medidas coercitivas unilaterales contra cinco entidades y varios funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera.
Según el comunicado del secretario de Estado Marco Rubio, promotor e ideólogo de la más reciente escalada contra Cuba, las medidas de este jueves buscan «proteger la seguridad nacional» de EE.UU. ante individuos que facilitan los «envíos de armas» a la isla y la cooperación con adversarios de Washington.
Rubio afirma que «Estados Unidos no tolerará que un Estado paria albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a las puertas de nuestro país», una afirmación que mantiene el tono del informe «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI» y que, como el informe, no incluye evidencias y reitera la matriz también descalificada que esgrimió la Casa Blanca para poner arbitrariamente a la isla en la lista de Estados que supuestamente apoyan el terrorismo.
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El secretario de Estado, además, volvió a repetir que la isla «es un Estado patrocinador del terrorismo» y que «utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos», además de «servir de plataforma» para que adversarios de Washington «lleven a cabo operaciones contra el país». Ninguna prueba de esas afirmaciones ha sido publicada por la Casa Blanca y analistas, congresistas y medios de prensa las han puesto en duda.
Entre las entidades «sancionadas» este jueves están Tecnoimport y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados (Tecnotex).
Lo afirmado por Rubio al justificar la nueva ola de medidas coercitivas implica que, desde la óptica de Washington, Cuba no tiene derecho a la legítima defensa, un principio establecido en el derecho internacional, ni a tener armas para dicha defensa, aun estando bajo amenaza constante de intervención militar por Estados Unidos, la principal potencia bélica del planeta, y cuando los planes o escenarios que estudia el Pentágono para la isla se filtran incluso a medios estadounidenses.
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El martes y el miércoles, The New York Times y Politico revelaron que Washington ha reforzado la presencia de sus servicios de inteligencia en Cuba y que la CIA creó un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a la isla con el objetivo de coordinar una campaña de presión en su propósito de forzar un cambio de régimen.
Según el NYT, el grupo incluye oficiales expertos en reclutamiento y manejo de espías, analistas de inteligencia, especialistas en ciberoperaciones y expertos en operaciones encubiertas de influencia y la CIA pretende «dirigir rápidamente más recursos financieros, humanos y técnicos hacia Cuba».
De esa manera, se combinan en la guerra híbrida contra Cuba el bloqueo financiero, comercial y energético, una campaña de persecución y sanción para aislar a la isla de sus fuentes de ingreso en los mercados internacionales e impedir la inversión extranjera y el turismo; restricciones para paralizar su economía con la amenaza de sanciones a navieras, empresas y bancos que se relacionen con el país caribeño; amenazas y planes de invasión militar y fabricación de matrices para mostrarla como amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.
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Según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), EE.UU. fue el principal suministrador de las transferencias mundiales de armas entre 2021 y 2025, con el 42% del total.
La Administración Trump, cuya doctrina de seguridad nacional preconiza la intervención en América Latina, promueve en los últimos meses políticas militaristas y un rearme en la región, y tiene en Guantánamo, Cuba, ilegalmente, una entre los cientos de bases e instalaciones militares con que cuenta en más de 80 países.
El Gobierno de Cuba ha tildado de «acto de agresión» las sanciones impuestas en las últimas semanas por el Departamento de Estado de EE.UU. y acusado a Washington de «intenciones genocidas» con el fin de provocar una crisis humanitaria.
«Cada acto de agresión del Gobierno de EE.UU., como las medidas anunciadas el 23 de julio por el secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano», afirmó recientemente el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
Rodríguez denunció que el Gobierno estadounidense «continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba», pero «le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria» en la isla.
Autor: teleSUR - DE
Fuente: Agencias
