Nuevos documentos judiciales recientemente desclasificados han encendido las alarmas en Estados Unidos tras revelar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaron tecnología de la empresa Palantir Technologies para almacenar información personal de ciudadanos y observadores de derechos civiles.

Esta práctica, sumada al uso de historiales médicos confidenciales para operativos de persecución, expone no solo una preocupante expansión de la vigilancia masiva y el uso de inteligencia artificial, sino también presuntas violaciones a marcos legales fundamentales y derechos constitucionales consagrados en el ordenamiento jurídico estadounidense.

La controversia salió a la luz a raíz de una demanda interpuesta por cuatro observadoras que denunciaron haber sido víctimas de vigilancia, hostigamiento e intimidación durante una serie de redadas migratorias ejecutadas en enero en el estado de Maine.

Los registros del caso documentan cómo un agente incorporó los datos personales de seis personas en un sistema de Gestión de Casos de Investigación del ICE.

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Entre las prácticas registradas figuran la recopilación subrepticia de fotografías, matrículas de vehículos y el empleo de herramientas de reconocimiento facial sin consentimiento ni justificación legal transparente.

La gravedad de la situación escaló cuando se constató que dos de las manifestantes fueron catalogadas formalmente como «amenazas para las fuerzas del orden» mientras se encontraban de manera pacífica en el estacionamiento de una tienda Home Depot.

Casos específicos, como el de la denunciante Polyxenia Pantos, cuyo vehículo e historial de circulación fueron investigados por un agente federal tras fotografiar una detención en Portland, evidencian un patrón de hostigamiento institucional contra la labor de fiscalización ciudadana y el periodismo independiente.

Esta vigilancia a ciudadanos estadounidenses se articula con el despliegue de la aplicación ELITE, desarrollada por Palantir y adoptada por el ICE a finales de septiembre. Esta herramienta reúne y consolida múltiples fuentes de información, elabora perfiles, identifica objetivos, genera rutas de localización y asigna puntuaciones de confianza a los datos.

Su implementación ha coincidido con un proceso acelerado de contratación que incorporó a más de 12 mil nuevos agentes con recortes significativos en los programas de formación, incrementando el riesgo de abusos operativos.

Uno de los aspectos más alarmantes y cuestionados desde el punto de vista jurídico es la utilización de datos de salud e historiales médicos protegidos.

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Una investigación reveló que la aplicación ELITE procesa registros provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), combinándolos con bases de datos públicas y comerciales.

La herramienta analiza historiales médicos, que incluyen nombres, direcciones y fotografías, para orientar a los agentes sobre dónde realizar operativos y redadas, como ocurrió recientemente en Oregón con la detención de treinta personas.

Estas revelaciones se producen en un contexto de máxima tensión institucional y escrutinio público sobre las tácticas del ICE, agudizado tras el trágico tiroteo en el que agentes de la agencia asesinaron a Alex Pretti, una enfermera de cuidados intensivos de 37 años, en la ciudad de Minneapolis.

La acumulación de estos hechos cuestiona severamente la legalidad de los métodos empleados y la escasa rendición de cuentas en las operaciones de control migratorio a nivel nacional. Estas acciones quebrantan de manera flagrante principios constitucionales y normativas federales.

La vigilancia e intimidación de manifestantes y observadores vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y la libertad de prensa, coartando el derecho ciudadano a fiscalizar la actuación gubernamental.

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Asimismo, la recolección masiva de datos personales y la catalogación arbitraria de manifestantes pacíficos como «amenazas» representan una transgresión a las garantías del debido proceso y protección contra registros y confiscaciones irrazonables protegidas por la Cuarta Enmienda.

Finalmente, el uso de historiales médicos confidenciales para fines de persecución migratoria infringe de manera directa las normativas federales de privacidad de la salud, destacando la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), la cual prohíbe el uso indebido o la filtración de datos médicos protegidos para investigaciones punitivas o ajenas al ámbito estrictamente asistencial.

La convergencia entre la tecnología de Palantir, la opacidad del ICE y el desprecio por los límites legales abre un peligroso precedente para los derechos civiles en el país.

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