El Congreso de la Unión recibió la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para detectar a candidatos vinculados al crimen organizado. La propuesta ingresó formalmente a través de la Comisión Permanente, cuya presidenta, Laura Itzel Castillo, la turnó de inmediato a la Cámara de Diputados para iniciar su debido proceso legislativo.

El Diario Oficial de la Federación publicó, en una edición vespertina, el decreto de la Comisión Permanente que convoca oficialmente a la Cámara de Diputados y al Senado a un periodo extraordinario de sesiones. Las jornadas de debate comenzarán el próximo martes con el objetivo de discutir y dictaminar un paquete de cuatro reformas político-electorales. Estos proyectos deben estar aprobados y promulgados antes del 1º de junio para poder aplicarse en el proceso electoral de 2027.

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La propuesta enviada por el Ejecutivo federal plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral. Este nuevo órgano mantendrá coordinación e intercambio de información con las fuerzas políticas y con las instancias del Estado encargadas de la seguridad, la inteligencia, la procuración de justicia y la supervisión financiera.

El mecanismo de evaluación funcionará de manera voluntaria para los partidos políticos y para las personas que aspiren a una candidatura. El texto de la iniciativa detalla que la revisión no será un requisito obligatorio para el registro legal de las postulaciones, sino que operará como una herramienta preventiva e informativa para identificar nexos con actividades delictivas antes de que se consoliden las candidaturas.

Los partidos políticos tendrán la facultad de presentar listas completas o parciales de sus aspirantes para ser evaluados. Para proceder con el análisis de los perfiles, las organizaciones políticas deberán comprobar que los interesados otorgaron su consentimiento de manera expresa.

El proyecto de ley contiene salvaguardas legales específicas para proteger el principio de presunción de inocencia y evitar interferencias en indagatorias vigentes. La comisión de verificación del INE recibirá únicamente datos sobre posibles factores de riesgo, sin tener acceso a expedientes judiciales, carpetas de investigación o información financiera detallada.

Las dependencias gubernamentales participantes, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, emitirán una valoración cuando detecten un «riesgo razonable» de vinculación con el narcotráfico o la delincuencia organizada. El INE notificará este resultado de forma estrictamente confidencial al partido político correspondiente o al aspirante independiente.

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La propuesta estipula que la decisión final sobre mantener o retirar una candidatura corresponderá exclusivamente a cada fuerza política. La identificación de un «riesgo razonable» no tendrá los efectos de una acusación penal ni sustituirá las facultades de los ministerios públicos o las autoridades judiciales; sin embargo, si las instituciones detectan información relevante sobre presuntos delitos durante las revisiones, mantendrán la obligación legal de iniciar o dar continuidad a las investigaciones pertinentes.

El temario aprobado por la Comisión Permanente para el periodo extraordinario incluye otras tres iniciativas de reforma. Dos de ellas corresponden a modificaciones de carácter constitucional: la primera propone diferir hasta el año 2028 la elección de jueces y magistrados, mientras que la segunda busca anular comicios en los que se compruebe la intervención de fuerzas extranjeras. La tercera iniciativa complementaria plantea perfeccionar los mecanismos legales vigentes para la nulidad de procesos electorales.

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