La Administración de Donald Trump instruyó esta semana a los fiscales federales para que utilicen leyes antiterroristas en la persecución de funcionarios señalados como presuntos cómplices del narcotráfico en México. La medida, revelada por The New York Times, marca una escalada en la estrategia de Washington contra el tráfico de drogas y ratifica el reto a los marcos jurídicos durante el actual gobierno de Estados Unidos.

La directiva fue comunicada el pasado miércoles por el subprocurador general adjunto, Aakash Singh, durante una teleconferencia interna con fiscales de oficinas regionales. Singh instó a los funcionarios de justicia a imputar cargos de «apoyo material a organizaciones terroristas», además de los delitos convencionales por narcotráfico.

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— México por teleSURtv (@teleSURmx) May 9, 2026

El subprocurador adjunto manifestó que el objetivo de la medida es aumentar la presión sobre el Ejecutivo de México.

«Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos», afirmó Singh, agregando que humillar a dichos funcionarios sería «la guinda del pastel».

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Esta táctica se ampara en una orden ejecutiva firmada por Trump tras su regreso a la Casa Blanca, la cual designa a los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas. La decisión profundiza la política de línea dura de la Administración estadounidense en materia de seguridad fronteriza.

La instrucción del Departamento de Justicia surge tras la reciente acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales y anteriores.

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Ante estos señalamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó las acciones de la justicia estadounidense como una injerencia en los asuntos internos del país. Sheinbaum, que ha defendido la política mexicana de combate al crimen organizado frente a las amenazas de Trump, advirtió que, de no presentarse pruebas claras que respalden las acusaciones, la ofensiva judicial de Washington será interpretada como una acción con motivaciones políticas.

Trump ha reiterado en meses recientes sus amenazas de intervenir en suelo mexicano en su cruzada contra el narcotráfico, señalada por encubrir objetivos políticos y que ha dejado, además, unos 190 muertos en ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental.

A raíz de la acusación de Washington, el gobernador Rocha Moya rechazó los cargos calificándolos de «acusaciones infundadas» y se retiró temporalmente de su cargo mientras se desarrolla el proceso legal.  “Lo hago desde mi profunda convicción republicana y con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”, dijo.

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