Alrededor de mil personas pertenecientes a las comunidades nahuas de Tula, Acahuetlán y Xicotlán, en el municipio de Chilapa, estado de Guerrero, se desplazaron de manera forzada tras sufrir agresiones armadas continuas por parte del grupo narcoparamilitar Los Ardillos.

Organismos de derechos humanos y colectivos indígenas de México denunciaron que los ataques iniciaron a principios de mayo e incluyen asesinatos, quema de viviendas, matanza de animales de crianza y ofensivas armadas con drones.

La Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Misión Civil de Observación y el Congreso Nacional Indígena advirtieron sobre la gravedad de la situación. Habitantes de la zona señalaron la ausencia o aquiescencia de las autoridades estatales y federales, y adirmaron que elementos del Ejército presenciaron múltiples ataques sin actuar para proteger a la población civil, limitándose a tomar fotografías.

Disputa territorial

Los Ardillos mantienen una disputa con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y con la Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF). El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, declaró el pasado 12 de mayo que el Cipog-EZ, Los Ardillos y Los Tlacos forman parte de la delincuencia organizada y son los responsables de la violencia y el desplazamiento en Chilapa.

El Cipog-EZ rechazó categóricamente la versión oficial que los cataloga como grupo criminal. El análisis histórico del especialista Luis Hernández Navarro en su texto “Chilapa, la saga asesina de Los Ardillos” expone que el Estado ha fallado en la región desde hace décadas.

El documento evidencia que Los Ardillos gobiernan el municipio de Chilapa durante las últimas cuatro administraciones. Su objetivo es controlar a sangre y fuego la ruta que va de la cabecera municipal a la comunidad de Tula para el trasiego de drogas hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, así como dominar la extracción de recursos naturales, actividades para las cuales la resistencia y autonomía de las comunidades indígenas representan un obstáculo.

Intervención de la Secretaría de Gobernación y acuerdos de paz

La Secretaría de Gobernación federal informó que, junto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acudió a la localidad de Alcozacán seis días después del inicio de las agresiones. Las autoridades lograron el retiro de bloqueos, dialogaron con las familias alojadas en los sitios de refugio y escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad.

La funcionaria federal afirmó que la resolución de conflictos debe construirse mediante la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos.

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Gobiernos federal y estatal acompañan retorno de desplazados a sus hogares

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— Gobernación (@SEGOB_mx) May 14, 2026

Para atender la emergencia, el Gobierno de México estableció compromisos orientados a implementar un corredor seguro para el acceso a víveres, atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad, así como a restablecer las bases de operaciones interinstitucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la policía estatal.

Las autoridades acordaron enviar brigadas institucionales para garantizar el acceso a los programas sociales de la Secretaría de Bienestar y proponer una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y los gobiernos estatal y federal que permita firmar un acuerdo de convivencia duradero.

Exigencias de justicia y balance de víctimas

El Cipog-EZ y la CRAC-PF exigieron al Gobierno federal reconocer la crisis de violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Guerrero se empeña en ocultar. Demandaron la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los ataques, incluyendo a los funcionarios públicos que incurrieron en omisión o complicidad. También urgieron detener los ataques armados, garantizar la vida de los desplazados, buscar a las personas desaparecidas o retenidas y asegurar un regreso protegido a sus territorios.

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El Cipog-EZ denunció los recientes asesinatos de José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla. Estas muertes se suman a un registro acumulado de 80 indígenas asesinados y 25 personas desaparecidas en la zona.

Activación de asistencia humanitaria internacional

Una caravana de ayuda humanitaria partió desde Chilpancingo, capital de Guerrero, con rumbo a las comunidades de la sierra para asistir a las familias afectadas por delitos como extorsión, secuestro, robo de mercancías y tráfico de drogas cometidos por Los Ardillos.

La movilización está integrada por organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero y la Oficina para Refugiados de la ONU en México (Acnur). El contingente traslada alimentos, cobijas, ropa y juguetes para los niños debido a que la población indígena abandonó sus hogares llevando únicamente la ropa que vestía.

Los organizadores explicaron que este despliegue representa un primer acercamiento para evaluar necesidades específicas y permitir el ingreso futuro de otras instituciones que ayuden a recobrar el clima de calma en la región.

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