La expansión de las redes criminales en territorios de la Amazonía en varios países latinoamericanos, combinando narcotráfico con minería y tala ilegales, tráfico de fauna, control de rutas fluviales y el acaparamiento de tierras, está acelerando la violencia y el deterioro ambiental del valioso ecosistema, dijo el grupo de análisis International Crisis Group.

En el informe «Proteger la Amazonía», en el que alerta sobre la creciente expansión de grupos criminales más allá de fronteras para controlar cadenas de suministro y rutas del tráfico ilegal, el grupo señala que «la violencia en la Amazonía dejó de ser un problema aislado de narcotráfico o minería ilegal para convertirse en una crisis regional que amenaza a comunidades indígenas».

Según el informe, esos grupos criminales aprovechan «la debilidad de la gobernanza», estos grupos» y se adentran en la selva protegida en busca de «nuevas rutas para el narcotráfico y zonas para la minería ilegal, dejando una huella profunda y, en ocasiones, irreparable en el medio ambiente».

Ante esa realidad, indica que «para frenar» la situación los Gobiernos deben intensificar su cooperación y trabajar estrechamente con las comunidades indígenas». Apunta que los compradores internacionales de materias primas «también desempeñan un papel fundamental para garantizar que las cadenas de suministro globales no se beneficien de la destrucción de la Amazonía».

El control territorial, amenazas, reclutamiento forzado y desplazamientos silenciosos de comunidades indígenas y campesinas son factores que están siendo determinantes en las comunidades amazónicas. El informe expone que los grupos criminales imponen sus reglas, cobran extorsiones, controlan el transporte fluvial y deciden quién puede entrar o salir de determinados territorios.

Advierte que la situación es especialmente crítica en regiones fronterizas como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, al tiempo que presenta una problemática poco tratada: el creciente reclutamiento de jóvenes indígenas por parte de redes criminales.

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Muchas comunidades amazónicas están expuestas a la pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades, factores que facilitan la penetración del crimen organizado. Las mujeres indígenas están entre las principales víctimas de explotación sexual, trata y violencia asociada a campamentos mineros ilegales y corredores del narcotráfico.

La investigación indica que las organizaciones criminales sustituyen al Estado al imponer sistemas paralelos de «seguridad», justicia y control económico.

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