En un encuentro con medios de comunicación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado a ninguna de las personas requeridas por la justicia mexicana, de un total de 269 solicitudes de extradición tramitadas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo del presente año.

La jefa de Estado mexicana cuestionó la falta de reciprocidad de la nación vecina ante casos relevantes y gravísimos para el país. Entre los expedientes destacan acusados de delincuencia organizada, corrupción y dos sujetos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

El balance oficial detalla que 36 peticiones fueron negadas en su totalidad y 233 permanecen pendientes de concluir. De la cifra global, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Respecto a estas últimas, Washington rechazó tres solicitudes y en las 47 restantes requirió a México presentar información adicional.

Casos de extradición pendientes

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló los nombres de los principales requeridos por la justicia mexicana que no han recibido respuesta favorable de Estados Unidos. Entre los casos destaca el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Asimismo, mencionó a Víctor Manuel N, imputado por delincuencia organizada y vinculado a empresas factureras, así como a un desfalco en la Secretaría de Gobernación, cuya solicitud de extradición fue enviada el pasado 4 de diciembre.

Asimismo, figuran Rafael y Elías N, imputados por delincuencia organizada debido a un fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), caso en el cual Estados Unidos solicitó a México una solicitud formal alegando que no se trata de un delito violento ni consideran que los imputados representen un riesgo social.

Finalmente, se reportan las solicitudes vinculadas al caso Ayotzinapa: la de José Ulises N, presentada en junio de 2024 y para la cual Washington requirió información adicional y pruebas, junto a la de Pablo N, alias «El Transformer», miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, introducida en julio de 2024. A estos expedientes se suma el de William N, acusado de trata de personas, cuya solicitud formal de extradición fue negada por EE.UU. en mayo de 2023.

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Proceso legal y soberanía

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo se dan tras las recientes solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de México por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

Tras las imputaciones divulgadas a finales de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que no existen evidencias para «la urgencia de la detención provisional» y pidió pruebas a la nación norteña.

Acompañé esta mañana a la presidenta @Claudiashein en la #MañaneraDelPueblo, para reiterar que la postura de nuestro país, de solicitar información adicional y pruebas en los procesos de detención provisional y extradición con Estados Unidos, es totalmente legal, recíproca,… pic.twitter.com/weiMX43iwP

— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 19, 2026

El canciller Roberto Velasco explicó el procedimiento que se activa cuando México recibe una solicitud de detención provisional. El proceso contempla un análisis diplomático por la Cancillería, la remisión a la FGR y la verificación de un juez de distrito. Esta última autoridad valora la legalidad, fundamentación y proporcionalidad de la medida, por lo que una petición extranjera insuficientemente clara carece de fundamento para superar el escrutinio.

El titular de Relaciones Exteriores aclaró que los requerimientos de información adicional son una práctica común amparada en el tratado bilateral, rechazando las versiones de medios locales que sugieren anomalías.

Velasco puntualizó que la postura mexicana es legal, convencional, recíproca y previsible, orientada a garantizar el debido proceso, la cooperación internacional en materia de justicia y el respeto a la soberanía.

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