Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, presentó este martes nuevas modificaciones al proyecto que busca flexibilizar el régimen de extranjerización de la tierra en Argentina. La exposición se realizó durante una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias del Senado nacional, en la antesala del tratamiento de la iniciativa previsto para el próximo jueves.

El texto, que ya acumula más de 16 versiones, llega al recinto en un escenario de negociaciones todavía abiertas y con votos ajustados. Desde el oficialismo señalan que cuentan con el apoyo necesario para avanzar, aunque la exministra evitó precisar cómo continúan las conversaciones con los bloques aliados que aún mantienen reparos sobre el proyecto.

Entre los cambios incorporados al dictamen figura el aumento del límite porcentual para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, que pasaría del 15% al 25% de la superficie de cada provincia. Bullrich calificó ese tope como “razonable” y defendió la reforma al sostener que el objetivo es corregir los alcances de la legislación vigente. “Hemos defendido la soberanía, la patria. Hemos liberado territorio tomado por el narcotráfico”, dijo la senadora durante la conferencia, en la que también remarcó que cuidar la soberanía “es una decisión de todos los días”.

La dirigente apuntó además contra la ley de tierras rurales sancionada en 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y volvió a atribuir su autoría a Máximo Kirchner. Según Bullrich, esa norma fijó que la totalidad de las tierras rurales en manos de personas físicas o empresas extranjeras no puede superar el 15% del territorio a nivel nacional, provincial y departamental. A su juicio, esa regulación generó “un desastre” porque frenó inversiones y redujo el valor de las tierras.

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La senadora afirmó también que en el nuevo texto “se reforzaron las capacidades y las facultades de las provincias” que, según ella, habían sido recortadas por la ley anterior. En ese marco, insistió en adjudicarle la norma al diputado Máximo Kirchner, pese a que en 2011 no integraba la Cámara baja.

Cambios al proyecto

La última versión del dictamen incorpora un nuevo artículo 3 en la Ley de Tierras, que establece la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera por encima del 25% en el territorio de cada provincia. Además, dispone que toda compra deberá inscribirse en el registro inmobiliario provincial, con un asiento especial que consigne los datos y la nacionalidad del adquirente.

En el caso de empresas con participación estatal extranjera, el texto exige la autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y también la del Poder Ejecutivo Nacional. Otro cambio relevante es que la restricción deja de aplicarse por departamento y pasa a calcularse por provincia, lo que, en los hechos, amplía el margen de acceso de capitales extranjeros a tierras productivas.

Bullrich justificó esta modificación al sostener que el esquema actual aplica los mismos límites a zonas de alta productividad y a áreas menos codiciadas. Como ejemplo mencionó la provincia de Río Negro, donde, según dijo, los extranjeros podrían tener mayor interés en tierras del Alto Valle y acceder a más superficie en esa región.

Sobre este punto, el diputado Maximiliano Ferraro expresó una de las primeras objeciones públicas. “El límite de extranjerización no puede solo limitarse al promedio provincial”, señaló, al advertir que la concentración puede producirse en zonas específicas, como departamentos o áreas estratégicas, aun cuando una provincia no supere el límite general. También remarcó la relevancia de zonas de frontera, como la Cordillera de los Andes, donde el proyecto otorga facultades excepcionales para autorizar ventas.

El texto que llegará al recinto el próximo jueves 6 de agosto, también elimina límites vigentes para la concentración por una misma nacionalidad de más del 30% del cupo permitido. Ese punto había sido incorporado para prever eventuales implicancias geopolíticas. A la vez, se flexibilizan restricciones individuales de superficie, entre ellas el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

Fronteras y soberanía

En relación con las zonas de frontera, uno de los principales reclamos de los aliados, el proyecto confirma que la venta de tierras también deberá contar con autorización de la provincia y de la Nación. Además, se incorpora una referencia al Poder Ejecutivo Nacional para que comprenda materias no delegadas vinculadas con seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional.

Durante la conferencia, Bullrich estuvo acompañada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y por los senadores oficialistas Agustín Coto, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y Nadia Márquez, presidenta de Legislación General. Allí también expuso cambios vinculados a las expropiaciones.

“Por primera vez vamos a dejar en claro qué es una expropiación. Si el Estado nacional o provincial decide expropiar, se paga. No se le roba la tierra a aquel que la tenía”, sostuvo la senadora. El proyecto, sin embargo, incrementa los costos de las expropiaciones para obras públicas y no contempla que esta herramienta constitucional permite avanzar con infraestructura, políticas habitacionales, proyectos energéticos y otras intervenciones de interés general.

Ley de Manejo del fuego

Otro capítulo modificado es el referido a la Ley de Manejo del Fuego. Bullrich afirmó que “los bosques nativos no se tocan” y consideró “una barbaridad” la prohibición de reutilizar tierras durante 60 años. Con ese cambio, otros ecosistemas que hoy también están alcanzados por las restricciones, como humedales, pastizales, estepas y áreas naturales, dejarían de tener esa protección específica.

Según la última versión mencionada, la prohibición de modificar el uso del suelo tras un incendio quedaría limitada a los bosques nativos alcanzados por la Ley 26.331 y a los bosques no productivos contemplados en la Ley 13.273, cuando el fuego haya sido provocado con fines inmobiliarios, agropecuarios o de otra naturaleza productiva. En los hechos, esto habilitaría futuros cambios en el destino de las tierras afectadas.

Poroteo en el Senado

La discusión parlamentaria se mantiene abierta y el escenario de votación sigue siendo ajustado. Desde La Libertad Avanza aseguran contar con 21 votos propios, además de siete apoyos del radicalismo, tres del PRO y adhesiones de la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la neuquina Julieta Corroza.

Las principales incógnitas están en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, en los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, y en la chubutense Edith Terenzi. En este contexto, el oficialismo buscó evitar que la vicepresidenta Victoria Villarruel presida la sesión, dado que ya adelantó su rechazo a la ley si debiera desempatar.

El presidente Javier Milei adelantó su viaje a Ecuador y Colombia, lo que impide que Villarruel quede al frente del Senado durante el debate. Con movilización prevista frente al Congreso y un clima de tensión en torno al proyecto, la definición continúa abierta hasta el último momento.

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