«La crisis humanitaria en El Salvador es imparable», denunció el SJH a raíz de los fallecimientos registrados en las prisiones estatales sin juicio previo. El monitoreo de la organización determinó que el 94 % de las víctimas no tenían vinculación con pandillas

Los internacionalistas reunidos en San Salvador denunciaron además que, en las últimas horas, al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas tras ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano.

Las autoridades instalaron 11 espacios de protección temporal, que recibieron a 229 personas pertenecientes a 82 familias

La llegada de Bukele al Ejecutivo reprodujo un fenómeno común en los gobiernos latinoamericanos de corte autoritario: la perpetuación del poder mediante la reconfiguración de las leyes, incluyendo modificaciones a la Constitución de la República.

Movimientos sociales y gremios alertan sobre retrocesos democráticos, económicos y sociales, mientras vinculan la crisis a políticas de Gobierno y a la gestión de Nayib Bukele.

Este colectivo reúne a más de 60 mujeres que reclaman información a las autoridades respecto al paradero de sus familiares.

Denunciaron desmantelamiento del Estado de derecho en El Salvador junto al aumento del costo de la vida y el colapso del sistema de salud pública, que sufre despidos y precarización.

La plataforma MOVIR sostiene que la lucha contra las pandillas no puede ejecutarse a costa de la vulneración de derechos fundamentales, capturas arbitrarias o procesos judiciales sin garantías.

Kilmar Ábrego fue sometido a acoso judicial por el Gobierno Trump, en un quebrantamiento de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda, dictaminó el juez.

Parte de los recursos para salud en El Salvador no generaron infraestructura física ni equipamiento hospitalario, sino que propiciaron la precarización laboral con contrataciones a privados.

En el encuentro, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular expresó su preocupación por los intentos del Gobierno estadounidense de obstaculizar las políticas y esfuerzos del pueblo cubano para alcanzar estabilidad y bienestar.

Romero advirtió que “lo que le ocurre a Ruth López no es un caso aislado. Es un patrón: criminalizar a quienes denuncian la corrupción y el abuso del poder”.

Organizaciones sociales alertan que este deterioro del sistema público y la pérdida de soberanía sanitaria forman parte de un avance hacia la privatización, oculto tras un discurso institucional de modernidad.

“Hay compañeros que pasaron hasta cinco años sin salario, perdieron sus viviendas y su estabilidad familiar. La ley establece que deben ser reinstalados y compensados, pero eso no está ocurriendo”, señaló el dirigente David Rodríguez.

El gremio médico de El Salvador señala falta de insumos médicos en el Seguro Social, sobrecarga laboral, intentos de privatización y despidos sin debido proceso ni indemnización.

Especialistas advierten que esta medida puede seguir profundizando un modelo punitivo que vulnera derechos de las infancias y el tejido social de las futuras generaciones salvadoreñas.

Habilitan paquete de reformas penales que permite la prisión vitalicia para menores de edad en El Salvador, y la reforma establece la condena para delitos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.

Los activistas recalcan que el Lago de Güija es el corazón de una de las cuencas más grandes de Centroamérica.

El aumento del diésel y la gasolina comenzó a trasladarse a los costos del transporte y la canasta básica, además de impulsar la inflación.

Comienza histórico juicio contra la pandilla Mara Salvatrucha. Los imputados estarían vinculados a más de 47.000 hechos delictivos cometidos entre 2012 y 2022

El Movimiento de Trabajadores Despedidos registra más de 23.400 despidos solo entre 2025 y 2026, señalando violaciones al debido proceso y al respeto de los derechos laborales.

La organización alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado podrían superar las 2.000, mientras que la violencia física encabeza las causas de muerte de los presos, con cerca del 32 % de los casos reportados.

Según un informe, un 90% de las víctimas no tenía un perfil de pertenencia a pandillas, lo que contradice el argumento oficial de que las detenciones se dirigen solo contra grupos criminales en El Salvador.

Los cambios legislativos entrarán en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador.

León Rengel fue uno de los 252 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde fueron sometidos a torturas y condiciones extremas.

Cientos de feligreses se reunieron para recordar el legado del «Arzobispo de los Pobres», cuyo asesinato en 1980 marcó el inicio de la guerra civil.

La movilización forma parte de una jornada mundial de solidaridad con la mayor de las Antillas que busca denunciar las medidas coercitivas unilaterales económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

La Asociación de Desarrollo Social y Económico advierte que el convenio entre Estados Unidos y El Salvador facilita la extracción de minerales críticos y tierras raras, amenazando directamente la salud pública, el suministro de agua y el equilibrio ecológico local.

“Hoy Cuba nos necesita y desde El Salvador respondemos con solidaridad” a la urgencia que vive la isla antillana, señalaron las organizaciones.

La movilización fue convocada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), cuyo vocero, Samuel Ramírez, afirmó que “este es un genocidio, lo que el Gobierno está tramando: agrupar a inocentes junto con verdaderos criminales.

La ONG Socorro Jurídico Humanitario reporta 12 muertes en lo que va de 2026 en cárceles de El Salvador por deterioro de salud y negación de derechos básicos.

Dentro de las principales denuncias de la fuerza social estuvieron: los miles de despidos, el desalojo de comunidades y vendedores, se pronunciaron en contra de la minería, el alto costo de la vida, demandaron el cese de la persecución y llamaron a la población a organizarse y sumarse a un movimiento de resistencia.

Diversas organizaciones civiles conmemoran los Acuerdos de Paz exigiendo el fin de la persecución política en El Salvador.

Organizaciones políticas y sociales del país centroamericano señalaron que el trasfondo de la agresión es robarle los bienes naturales a Venezuela.

El Secretario General del FMLN, Manuel Flores, repudia la invasión de Estados Unidos contra Venezuela «es una agresión contra un Estado soberano donde asesinaron a decenas de civiles».

Los migrantes denuncian hambre, humillaciones, disparos con balas de goma, encierro prolongado, amenazas contra la familias y tratos crueles.

Los ciudadanos denunciaron torturas, abusos psicológicos, falta de atención médica y tratos degradantes sufridos en el centro penitenciario salvadoreño.

Un juez federal de Washington ordenó al Gobierno de Donald Trump garantizar audiencias o devolver a EE.UU. a venezolanos enviados a prisión en El Salvador, citando violación del debido proceso y derechos humanos.

El migrante salvadoreño fue deportado por la Administración Trump a su país natal, El Salvador, bajo la acusación de que pertenece a una organización criminal.

Según el FMS, el sector educativo atraviesa un «período de oscurantismo» debido a la imposición de políticas del Ministerio de Educación que obligan a los docentes a renunciar a derechos laborales históricos.

Defensora de derechos humanos salvadoreña denuncia “persecución política transnacional” por parte del Gobierno de Nayib Bukele, mediante el uso indebido de la Interpol.

Los legisladores describieron el episodio como “una mancha en la conciencia moral del país”: en el campo de exterminio de Bukele se produjo un patrón sistemático de torturas, violaciones sexuales, abusos psicológicos y tratos crueles

El 94 por ciento de las víctimas fallecidas no tenían antecedentes penales ni estaban vinculadas a estructuras criminales.

En medio del silencio oficial, médicos, enfermeras y trabajadores del sector continúan denunciando represalias, despidos y traslados arbitrarios, mientras los hospitales enfrentan falta de insumos, largas esperas y desabastecimiento de medicamentos.

El Salvador se situó como el cuarto país con más migrantes expulsados por EE.UU., por detrás de Guatemala, Honduras y México.

¿Dónde están José, Brandon y William?, se preguntan familiares y allegados de los migrantes de quienes se desconoce su paradero.

Un vuelo con 185 migrantes venezolanos, incluidos cuatro menores, llega a Maiquetía tras deportación desde EE.UU., como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria que ha repatriado más de 13.000 desde febrero.

Cuestionan las violaciones sistemáticas de DD.HH. y la deriva autoritaria del Gobierno de Nayib Bukele durante el régimen de excepción

Esta situación, denuncian, se ha transformado en «una maquinaria de sufrimiento humano administrada por el Estado».

El presidente de El Salvador afirmó que el país alcanzó 1.000 días sin asesinatos desde 2019, pero registros de la Policía Nacional Civil reportan decenas de casos en el primer semestre de 2025.

La defensa sostiene que el Gobierno estadounidense está procesando a Ábrego por cargos de presunto tráfico de personas como represalia por haber expuesto el «error» de su deportación ilegal a su país natal en marzo.

De manera sorpresiva, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador revocó sus medidas de libertad condicional y ordenó su detención provisional.

De acuerdo con cifras del Minrex, al menos 3.478 personas murieron y 2.099 quedaron afectados como consecuencia de los planes violentos promovidos desde suelo norteamericano contra la Isla de Cuba.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) cumple tres años y solicitó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declarar inconstitucional el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, por considerarlo ilegal y violatorio de derechos humanos.

El balance cuenta con nombres y expedientes completos, que ya han sido enviados a entidades internacionales de derechos humanos.

El arzobispo José Luis Escobar Alas cuestionó la legitimidad de la modificación constitucional para la reelección indefinida, en tanto se aprobó «de manera inconsulta», e instó a los diputados a restablecer la Ley de Prohibición de Minería Metálica.

Las reformas, aprobadas sin debate, permiten a Bukele postularse en 2027 (con posibilidad de gobernar hasta 2033) y consolidan un modelo que amenaza la democracia salvadoreña y la soberanía popular, denunció el FMLN.

«Este día ha muerto la democracia en El Salvador», manifestó la diputada por el opositor partido Arena, Claudia Ortiz.

En 2024, la APES documentó en El Salvador un récord histórico de 789 agresiones contra periodistas, un aumento del 154 por ciento respecto al 2023.

Se informó que, tras los movimientos de mayor magnitud, ocurrieron varias réplicas menores, y no hay reportes oficiales sobre daños materiales o víctimas.

«Nayib Bueke no existe en esta negociación que se hizo», recalcó Nicolás Maduro, agregando que se mantuvo una conversación directa con EE.UU.

El análisis de Cristosal concluye que ambas naciones son responsables directos de graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos.

La denuncia se produce en un contexto de creciente preocupación por las políticas migratorias y de seguridad en El Salvador, especialmente bajo el Gobierno de Bukele, acusado de restringir derechos fundamentales.

Maduro denunció la inacción de organismos internacionales multilaterales, que, dijo, no respondieron ante las violaciones de derechos humanos en el Cecot.

Los relatos coinciden: policías los bajaron entre golpes, los obligaron a arrodillarse y escuchar amenazas, pero estaban seguros de que todo un pueblo y un Gobierno luchaban por su regreso.

Tras ser rescatados de su secuestro en El Salvador, los migrantes venezolanos denuncian torturas físicas y psicológicas durante cuatro meses de encierro en una cárcel salvadoreña. Testimonios revelan hambre, humillaciones y disparos de balas de goma.

El Gobierno de Nicolás Maduro concreta el intercambio humanitario tras negociaciones diplomáticas que incluyeron la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

La relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, emitió su declaración en el contexto del reciente anuncio de la ONG Cristosal de suspender sus operaciones en el país centroamericano.

Algunos de los detenidos fallecidos fueron procesados sin una condena formal.

La Fiscalía venezolana lleva una causa por secuestro y desaparición forzada contra el mandatario salvadoreño, así lo ratificó el presidente Nicolás Maduro.

El mural busca embellecer el espacio público y mantener viva la memoria de estos venezolanos, así como reiterar la exigencia de velar por los derechos humanos de estas personas.

La manifestación denuncia esta acción ejecutada por la Administración Trump con la complicidad del Gobierno de Nayib Bukele, y que ha generado profunda indignación internacional.

El migrante salvadoreño podría ser enviado desde EE.UU. a México o Sudán del Sur pese a orden judicial existente.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció este jueves que Estados Unidos secuestró a cuatro niños venezolanos durante la deportación de 203 migrantes que llegaron al país.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez hizo un llamado al presidente Nayib Bukele a poner fin al estado de excepción en El Salvador.

Las agresiones físicas, la desnutrición y la privación del sueño fueron algunos de los métodos utilizados en el Cecot.

“En un desfile famoso de moda en París, el diseñador se atrevió a simular las imágenes horrorosas de los campos de concentración de Nayib Bukele en El Salvador», dijo Maduro.

El desfile de Chavarria exhibió no solo telas y cortes, sino también una actitud política que perturba a algunos y otorga voz a otros.

El fiscal venezolano calificó a Volker Türk como una «vergüenza para la humanidad», y pidió la renuncia inmediata del funcionario austríaco.

Ábrego se ha convertido en símbolo de los abusos contra migrantes durante la política de deportaciones masivas impulsada por la Administración Trump.

La denuncia fue entregada en formato físico. Anteriormente, la carta fue enviada y no recibieron respuesta.

El encierro, descrito como un «calvario» por activistas y familiares, se produce bajo un régimen de excepción

Un 10,2 por ciento de los ciudadanos encuestados cree que podría recibir advertencias, amonestaciones o multas por criticar la gestión del presidente Bukele

En tanto, la Comisión Nacional del Agua de México informó que el ciclón tropical Erick tocará tierras mexicanas a partir de hoy por la noche o mañana jueves.

Aunque el Gobierno de Trump desobedeció las órdenes judiciales que le instaban a enmendar la deportación errónea, la fiscal general, Pam Bondi, aseguró hoy que Abrego García aterrizó en EE.UU. para enfrentarse a la justicia.

Sectores de la sociedad civil y defensores de derechos humanos califican el caso de López como parte de una persecución para callar las voces que critican al actual gobierno.

Los 252 venezolanos se encuentran recluidos en la megacárcel de El Salvador, CECOT.

El tribunal también declaró reserva total del caso, lo que impide el acceso público a los detalles del proceso.

El fallo de Boasberg de este miércoles es el primero que aborda el destino de los cientos de venezolanos detenidos en El Salvador.

La institución religiosa insistió en que los migrantes «no son ni delincuentes ni criminales».

«¡No me van a callar, un juicio público quiero!», exigió la defensora de DD.HH. de Cristosal mientras era conducida a su audiencia.

La Fuerza Armada de El Salvador deberá disculparse con las víctimas y sus familiares por retarde de justicia.

El caso de Ruth Eleonora López Alfaro se declaró bajo reserva total, lo que impide el acceso de los medios de comunicación a los argumentos de la Fiscalía.

Los analistas advierten incremento en el costo de la canasta básica, el desempleo y la fallida inversión en Bitcoin.

Kilmar Ábrego García fue deportado desde Estados Unidos a El Salvador a pesar de tener un estatus legal que lo protegía.

Las diversas organizaciones expresaron su profunda satisfacción por el triunfo del pueblo venezolano y del Gran Polo Patriótico en las elecciones regionales y parlamentarias del domingo 25 de mayo.

Verónica Reina, directora del Servicio Social Pasionista. afirmó que esta norma es «un ejercicio represivo y autoritario».

Anteriormente, la decisión había sido revocada por un juez federal.

La organización defensora de Derechos Humanos Cristosal, en El Salvador, denunció que hasta el momento no se conoce el paradero de Ruth López.

Se trata de Ruth Eleonora López Alfaro, quien es abogada, notaria, con trayectoria en la Defensa de los Derechos Humanos, específicamente dentro de la organización Cristosal.