La respuesta del Gabinete de Mulino a las protestas legítimas y democráticas es la «más violenta y sistemática jamás registrada en la historia del país desde 1903».

Estas condiciones adversas han llevado a la activación de un estado de vigilancia en gran parte del territorio panameño, que se mantendrá hasta el 24 de junio.

El movimiento social denunció el arresto de Francisco Smith, secretario general del sindicato de trabajadores del sector bananero.

Beijing critica la instalación de torres de telecomunicaciones estadounidenses en Panamá y denuncia ciberataques de Washington en la región.

Los pueblos originarios panameños denuncian que la Ley No. 462 los condena a una jubilación de hambre.

El líder de Suntracs, Saúl Méndez, se encuentra en esa sede diplomática bajo «protección temporal» tras solicitar asilo político por la persecusión del Gobierno de Mulino.

En esta jornada se realizaron allanamientos en instalaciones de Suntracs por militares armados.

La movilización en Panamá tiene lugar en un contexto en que la población panameña considera mala la gestión del presidente José Raúl Mulino, de acuerdo a una encuesta de Vea Panamá.

Nicaragua expresa que no comprende por qué las Autoridades panameñas han otorgado Salvoconducto y casi inmediatamente han emitido una solicitud de Alerta Roja por acciones criminales a INTERPOL, en contra del exmandatario Martinelli.

El proyecto de interconexión eléctrica permitirá intercambiar energía entre ambos países, integrando además a Centroamérica y la Región Andina en una red.