Colombia: Víctimas y defensores rechazan en el Congreso recorte presupuestario a la JEP
La reducción de 100.000 millones de pesos dejaría sin financiamiento esquemas de protección para víctimas y la operatividad de sedes, mientras el tribunal especial denuncia una maniobra para someter sus fallos a la Justicia Penal Militar.
Víctimas del conflicto armado y defensores de derechos humanos se manifestaron frente al Congreso colombiano para exigir la protección de los recursos de la JEP y rechazar las políticas de austeridad impuestas al Acuerdo de Paz de 2016. Foto: EFE
22 de septiembre de 2026 Hora: 23:55
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Víctimas del conflicto armado, abogados y defensores de derechos humanos se movilizaron ante el Congreso de la República de Colombia para exigir la preservación de los fondos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La protesta social surgió tras la propuesta impulsada por el senador oficialista Enrique Gómez, respaldada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, para recortar 100.000 millones de pesos (aproximadamente 31 millones de dólares) al presupuesto del tribunal extraordinario para el año fiscal 2027 y redirigir esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura.
Los manifestantes advirtieron que la medida constituye una afrenta contra la Constitución Política, marco legal que consagró el Acuerdo de Paz de 2016 como norma de obligatorio cumplimiento.
El recorte planteado afectaría el 62 % de los fondos destinados por el tribunal a la adquisición de bienes y servicios, calculados en 161.271 millones de pesos (unos 51 millones de dólares). La directiva del organismo judicial alertó que la institución arrastra un déficit acumulado de 26 millones de dólares, por lo que esta reducción presupuestaria dejaría sin financiamiento 19,7 millones de dólares comprometidos en convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP), poniendo en riesgo directo la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.
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Quedarían comprometidos 9,2 millones de dólares requeridos para el arrendamiento y mantenimiento de sedes, además de impactar en más de un 40 % la operatividad del centro de datos y la gestión digital de los procesos.
El presidente Abelardo de la Espriella defendió la disminución de los fondos argumentando razones de austeridad, rebalanceo presupuestario y la necesidad de priorizar la justicia ordinaria ante la congestión de procesos. El mandatario detalló en redes sociales que la JEP solicitó 947.642 millones de pesos (unos 296 millones de dólares) para 2027, pero el proyecto oficial asignó 821.803 millones de pesos (unos 257 millones de dólares). «Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal», aseveró De la Espriella, agregando que «una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar».
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026
Las víctimas rechazaron categóricamente los argumentos del Ejecutivo sobre el fortalecimiento de la justicia común. Integrantes de las organizaciones presentes señalaron que durante una década en la jurisdicción ordinaria sufrieron dilaciones, aplazamientos de audiencias y la ausencia de respuestas frente al asesinato de sus familiares.
Representantes de las familias afectadas recordaron que gracias a la labor de la JEP en seis regiones priorizadas se logró establecer que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», constituyeron una práctica sistemática, permitiendo escuchar los reconocimientos públicos de miembros del Ejército. Manifestaron que durante 19 años tocaron puertas en la Fiscalía sin obtener respuestas, mientras que el tribunal especial les permitió conocer cómo se planificaron y ejecutaron los crímenes.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026
Ante la gravedad del escenario financiero, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, lanzó un «SOS» a la comunidad internacional. El tribunal denunció que la asfixia económica coincide con el trámite en el Senado de una reforma constitucional orientada a someter las sentencias dictadas contra militares a una revisión automática por parte de la Justicia Penal Militar, lo que configuraría una estrategia combinada de presión económica y desmantelamiento de su autonomía.
Por ello, la directiva del tribunal anunció que informará formalmente de la situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, a los países garantes del proceso de paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
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La directiva de la JEP y defensores de derechos humanos resaltaron que más de 7.000 integrantes de la fuerza pública sometidos a esta jurisdicción (quienes han cometido delitos de alcance internacional) están solicitando medidas cautelares ante la CIDH para proteger al tribunal, dado que el organismo les otorga seguridad jurídica y una oportunidad de reincorporación social.
Actualmente, el organismo judicial avanza en siete macrocasos clave que han permitido la georreferenciación de más de 35.000 hechos victimizantes y la identificación de responsables directos, habiendo documentado inicialmente 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales a los que se sumaron 7.837 hechos adicionales. Ante el debate parlamentario sobre el presupuesto nacional, las organizaciones sociales radicarán una petición formal ante el Congreso colombiano y enviarán un informe detallado a la CPI para pedir la verificación internacional de la situación en el país.
Autor: teleSUR - wh - MS
Fuente: teleSUR - EFE
