La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declaró en estado de emergencia este domingo y anunció protestas a partir de este lunes contra el Gobierno de Rodrigo Paz, tras la eliminación de la subvención al diésel oficializada mediante el Decreto Supremo 5716.

Los productores de coca del Chapare hicieron un llamado a la unidad de las organizaciones sociales para exigir la anulación de la medida. «Este Gobierno tiene que anular el decreto, si no anula a partir del lunes, obligado a movilizarse el pueblo boliviano», aseguró uno de los dirigentes de la Coordinadora, tras denunciar que el incremento del combustible afecta a los pequeños productores, transportistas y a toda la población.

Las Seis Federaciones son la principal estructura sindical de respaldo al expresidente Morales, quien permanece bajo resguardo de sus bases en el Trópico de Cochabamba para evitar la ejecución de dos órdenes de aprehensión en su contra.

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Una de las representantes de la organización criticó al Parlamento por aprobar la ampliación del estado de excepción, lo que pavimentó el camino para el fin del subsidio y la represión de eventuales protestas.

«El diésel ya no tiene un precio fijo y eso afecta a todos. Posteriormente se viene el combustible, el garrafazo», alertó.

Gobierno admite que habrá inflación tras eliminar la subvención al diésel

Ante el rechazo popular, José Luis Gálvez, vocero oficial de la Presidencia del Estado, defendió la medida como una acción indispensable para reactivar la economía y dejar atrás un sistema insostenible de comprar caro para vender barato. No obstante, reconoció que la eliminación del subsidio provocará un efecto inflacionario en los precios del mercado interno.

El ajuste tarifario elevó el costo del diésel de 9.80 bolivianos a 17.95 bolivianos (equivalentes a 1.83 dólares) por litro, indexando su valor directamente al mercado internacional desde este sábado 19 de septiembre.

La Central Obrera Boliviana (COB) emitió el sábado un pronunciamiento contundente para condenar lo que sectores populares denominaron el «dieselazo», señalando que la normativa vulnera la estabilidad de la familia trabajadora y desatará una inflación desmedida en la canasta básica.

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El ente matriz de los trabajadores denunció que el Ejecutivo desconoció los acuerdos firmados previamente y optó por la imposición.

«¡El combustible no se toca sin la consulta al pueblo!», enfatizó el Comité Ejecutivo Nacional de la COB desde La Paz y convocó a un consejo ampliado este lunes con la presencia de todas las Confederaciones, Federaciones Nacionales, Centrales Obreras Departamentales (COD) y Regionales (COR) para evaluar la coyuntura, escuchar la posición orgánica de los sectores afiliados y definir las medidas de lucha correspondientes.

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