La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla la aplicación de una serie de sanciones financieras contra la Corte Penal Internacional (CPI) que comprometerían la capacidad operativa del organismo multilagunas. Según revelaron funcionarios estadounidenses a medios locales, las medidas restrictivas buscan prohibir la mayoría de las transacciones financieras internacionales de la institución con sede en La Haya.

El plan contempla un período de transición de entre seis y siete meses previo a la entrada en vigor definitiva de las prohibiciones. La principal consecuencia para el tribunal internacional radica en la pérdida de acceso a las operaciones en dólares y al sistema bancario global, con la única excepción prevista para los pagos vinculados a servicios esenciales de telecomunicaciones.

La Casa Blanca persigue con estas represalias el cese de las investigaciones judiciales relativas a la actuación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán. De igual forma, la estrategia gubernamental presiona para conseguir la revocación de la orden de aprehensión emitida contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, proceso que Washington califica de ilegítimo.

El anuncio formal de la Casa Blanca se proyecta para el transcurso de esta semana, coincidiendo con la celebración de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Esta nueva serie de medidas profundiza las restricciones fijadas el 6 de febrero de 2025, cuando la administración norteamericana autorizó la congelación de activos y la revocación de visados a funcionarios del tribunal.

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El cerco judicial contra la institución se desarrolla en medio de una crisis de representatividad tras la renuncia al Estatuto de Roma por parte de Venezuela, Burkina Faso, Malí, Níger y Chad. A esta lista de países desvinculados se suma la postura histórica de potencias globales como Rusia y China, las cuales tampoco participan en las actividades ni reconocen la jurisdicción del tribunal.

Frente a la coyuntura internacional, voceros diplomáticos como el canciller ruso, Serguéi Lavrov, han reiterado sus críticas contra la estructura de La Haya acusándola de sesgo ideológico. Las probables sanciones financieras de Washington amenazan con paralizar de forma sustancial los procesos judiciales pendientes que adelanta la corte en diversos continentes.

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