La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó este martes que Colombia se retiró oficialmente del proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel por violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.

El tribunal con sede en La Haya detalló en un comunicado que el país comunicó su decisión el viernes 18 de septiembre, con lo cual puso fin a la declaración de intervención que había presentado el 5 de abril de 2024.

Esta determinación se enmarca en un profundo giro de la política exterior impulsado por el Gobierno de ultraderecha del mandatario Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace casi dos meses. Su administración busca recomponer las relaciones diplomáticas y estratégicas con Israel, distanciándose de la postura mantenida por el anterior mandatario, Gustavo Petro (2022-2026), quien rompió los lazos bilaterales y llevó a Colombia a respaldar los procedimientos internacionales contra las acciones militares israelíes en Gaza.

La Cancillería colombiana aclaró mediante un comunicado que el retiro de esta declaración no implica que el país abandone la Convención contra el Genocidio ni modifica su condición de Estado Parte. Asimismo, enfatizó que la medida no afecta la fuerza vinculante de las obligaciones internacionales asumidas por la nación y responde estrictamente a la atribución constitucional del jefe de Estado para dirigir las relaciones exteriores.

El expresidente Petro cuestionó duramente la medida a través de sus redes sociales, donde calificó la decisión como una «vergüenza para Colombia» y acusó al actual Ejecutivo de pasar de rechazar el genocidio a convertirse en cómplice.

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En contraste, el canciller Omar Bula defendió el restablecimiento de los vínculos bilaterales ante el Senado. Refirió que la cooperación se enfocará en áreas estratégicas como la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad.

Otros sucesos también marcaron el acercamiento del Gobierno de De la Espriella con el sionismo, entre ellos el reconocimiento de soberanía israelí sobre los Altos del Golán escamoteados a Siria y la decisión de trasladar la sede diplomática colombiana de Tel Aviv a Jerusalén.

El caso original contra Israel fue presentado por Sudáfrica ante el máximo tribunal de la ONU en diciembre de 2023. En ese momento se acusó a Tel Aviv de incumplir las obligaciones de la Convención contra el Genocidio debido a su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

Aunque la CIJ ha emitido diversas medidas provisionales a lo largo del proceso, todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo de las acusaciones, mientras que Israel ha rechazado categóricamente los señalamientos en su contra.

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Desde el 7 de octubre de 2023, el asedio militar israelí contra Gaza ha provocado la muerte de 73.919 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y causado 174.977 heridos. Ha destruido el 90% de la infraestructura de la Franja. Se estima que reconstruir el territorio palestino costará 70.000 millones de dólares.

En octubre de 2025 entró en vigor un frágil alto el fuego. De entonces a la fecha, Israel ha asesinado a 1.399 palestinos y herido a otros 4.863. Durante ese mismo período, se han recuperado los cuerpos de 834 palestinos asesinados.

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