La ciudad turística de Santa Marta, en el noreste de Colombia, amaneció este miércoles 23 de septiembre paralizada y con sus calles desiertas tras cumplirse un «paro armado» de 48 horas impuesto por la estructura paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Pese al despliegue militar ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella y el envío de más de 300 uniformados, el comercio local mantuvo sus puertas cerradas por temor a las represalias violentas, cuestionando la efectividad del operativo gubernamental.

El paro ilegal fue declarado por las ACSN, grupo también conocido como Los Pachenca, como respuesta a una operación de la fuerza pública en la Sierra Nevada de Santa Marta en la que fue abatido alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de la organización.

Durante las 48 horas de coacción criminal, la población reportó ataques con disparos a locales comerciales que intentaron abrir, quema de vehículos de carga y amenazas directas contra conductores del transporte público.

El ambiente desolador contrasta con los reportes oficiales del Ministerio de Defensa, estamento que aseguró que la movilidad y el comercio «recuperan la normalidad» tras despejar cinco puntos de obstrucción vial. La entidad informó además la captura de nueve personas en flagrancia en el departamento de Magdalena y La Guajira por delitos de terrorismo, porte ilegal de armas y lavado de activos.

Críticas a la militarización y al despliegue oficial

La estrategia del Gobierno para contener la crisis provocó un fuerte rechazo de sectores políticos y ciudadanos. La presencia del presidente Abelardo de la Espriella en las calles de la ciudad portando una pistola en el cinto generó controversia por considerarse una muestra de espectáculo mediático que no resuelve las causas de la inseguridad.

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A través de las redes sociales, diversos sectores sociales manifestaron su rechazo ante la falta de una política criminal clara y la inacción de la fuerza pública en los sectores populares. «Hombres armados disparan contra el comercio que abrió y queman una mula, mientras la Policía de Santa Marta brilla por su ausencia«, denunció una de las publicaciones en la red social X, criticando las respuestas de las autoridades locales y agregando: «No basta militarizar la carrera 5ta y el centro. Hay que desplegar en toda la ciudad y asumir las consecuencias de una guerra que la gente no pidió y ahora le genera afectaciones».

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Otros mensajes advirtieron sobre el impacto directo de los enfrentamientos armados en las zonas rurales del departamento. «Las consecuencias de apostar a la guerra son devastadoras. Los enfrentamientos entre los Conquistadores de la Sierra y la fuerza pública siembran el miedo y el terror en la troncal del Caribe, a pocos kilómetros de Santa Marta. La patria milagro comienza a mostrar sus frutos: muertes, desapariciones, población civil atrapada en medio de los combates y desplazamientos», detalló otra de las denuncias publicadas.

Alex Flórez Hernández, senador por el Pacto Histórico, cuestionó la postura del Ejecutivo al sostener que «Santa Marta amanece paralizada. El presidente no ha entendido que esto no se resuelve con show. La gente no abre sus negocios porque tiene miedo, y con razón», enfatizando que la respuesta con armas visibles «no amenaza a ningún bandido, por el contrario, ridiculiza la respuesta del Estado, genera desconfianza».

Santa Marta amanece paralizada. El presidente no ha entendido que esto no se resuelve con show. La gente no abre sus negocios porque tiene miedo, y con razón. Una situación tan crítica como esta amerita toda la seriedad y responsabilidad de Estado, eso solo se logra recuperando… pic.twitter.com/AbdYFOZ8RH

— Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 23, 2026

Las críticas también resaltan las pérdidas irreparables para la economía local frente al ausentismo turístico. «Santa Marta convertida en un pueblo fantasma. La gente atemorizada encerrada en sus casas, las calles vacías, los comercios cerrados, los turistas huyendo despavoridos y cancelando reservaciones», expuso otra publicación, concluyendo que «Santa Marta no necesita más pólvora improvisada: necesita una política de seguridad seria, que proteja a su gente y no la exponga, y que defienda lo único que la sostiene: el turismo».

Vacíos de inteligencia y expansión paramilitar

Los cuestionamientos a la narrativa gubernamental se extienden a los balances operacionales presentados por la fuerza pública. Analistas recuerdan que en recientes operaciones en La Guajira se anunció la baja de alias Bendito Monor; sin embargo, versiones de testigos presenciales recogidas por medios locales indican que el sujeto fue asesinado por sus propios acompañantes en un ajuste de cuentas interno y no por la acción del Ejército.

La presencia de las ACSN y el Clan del Golfo abarca un corredor estratégico desde la capital del Magdalena hasta el departamento de La Guajira y los límites fronterizos con Venezuela, consolidando rutas de narcotráfico e intimidación social.

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Pese a que las autoridades locales insisten en el retorno seguro a las escuelas y centros de trabajo, la ciudadanía de Santa Marta se mantiene en confinamiento preventivo, vaciando los corredores turísticos y forzando la cancelación masiva de reservaciones hoteleras en el Caribe colombiano.

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