En Colombia, la violencia contra las personas LGBTIQ+ continúa en aumento. Según informes de organizaciones de derechos humanos como Caribe Afirmativo, Sin Violencia LGBTIQ+ y Amnistía Internacional, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 46 homicidios de personas LGBTIQ+, cifra que se suma a los 270 casos documentados en 2025.

Este incremento del 63% respecto a años anteriores refleja una tendencia alarmante de agresiones y homicidios, acompañada por un elevado índice de impunidad. La Fiscalía colombiana reporta que más del 92% de estos crímenes permanecen sin resolver.

El 17 de septiembre de 2026, la lideresa trans Roxxy Vanessa Astaiza Mosquera, estudiante de filosofía y activista de Mariposas Negras, fue asesinada en el departamento del Cauca.

Astaiza Mosquera aspiraba al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres y su asesinato ocurrió mientras continúan en riesgo de prescripción otros casos emblemáticos, como el de Oriana Nicoll Martínez, ocurrido en 2016.

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Coincidiendo con el asesinato de Astaiza Mosquera, el Gobierno de Colombia oficializó su salida de la Equal Rights Coalition (ERC) , un mecanismo multilateral de 44 países por la igualdad de derechos. Esta decisión implica el abandono anticipado de la copresidencia de la coalición que ejercía junto a España, lo que agrava la situación de retroceso de derechos en el país.

El panorama colombiano se enmarca en una ola global de restricciones legislativas y gubernamentales hacia las disidencias sexuales. En Argentina, el gobierno nacional eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Además, impulsó restricciones por decreto a tratamientos de afirmación de género en menores y medidas sobre el alojamiento penitenciario de mujeres trans. Los crímenes de odio en el país aumentaron un 70% en el primer semestre de 2025.

En El Salvador, bajo el régimen de excepción, el Ministerio de Educación eliminó el enfoque de género del currículo escolar y se fijó un impuesto punitivo del 30% a las organizaciones que reciben financiamiento internacional. Estas medidas reflejan una tendencia regional de retroceso en la protección de derechos de las personas LGBTIQ+.

En Estados Unidos, desde 2025, la administración federal implementó decretos como la «Restauración de la verdad biológica», restringió tratamientos de salud, eliminó el uso de pronombres inclusivos en escuelas y prohibió la inclusión de marcadores de género afines en pasaportes.

Asimismo, iniciativas estatales como la HB 752 de Idaho han buscado penalizar el uso de baños según la identidad de género, agravando la situación de violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ+ en el país.

Estas restricciones y el aumento de la violencia contra las personas LGBTIQ+ en América Latina y Estados Unidos reflejan una tendencia global preocupante. La impunidad y el desmantelamiento de políticas públicas e instituciones que protegen los derechos de estas comunidades agravan la situación, exigiendo una respuesta urgente y contundente por parte de los gobiernos y la sociedad civil.

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