El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, generó una fuerte controversia tras recorrer las calles de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, portando un arma de fuego en la cintura. 

La caminata del mandatario se produjo en medio del clima de tensión y la militarización desplegada en la zona tras las acciones violentas perpetradas por el grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).  

​El gesto del jefe de Estado provocó rechazo entre la población y sectores políticos locales, quienes señalaron que es la primera vez que un presidente en funciones realiza un recorrido de esta naturaleza en la zona. 

Su antecesor, Gustavo Petro, cuestionó duramente la actuación del mandatario y contrapuso las prioridades de ambas gestiones. 

“Abelardo, con pistola al cinto como en épocas pasadas, va a Santa Marta y no muestra que busca recortar el 40 % de los subsidios para los pobres. En mi Gobierno lo que llevamos fue mucho turismo, que redujo la pobreza como ninguna otra capital de Colombia logró”, manifestó Petro a través de su cuenta en X.

​Por su parte, la ONG Temblores cuestionó públicamente la legalidad y la necesidad de que el jefe de Estado llevara un arma, considerando que cuenta con un amplio esquema de protección estatal.

La organización instó a verificar los permisos y autorizaciones vigentes en relación con el Decreto 1368 del 8 de septiembre, norma mediante la cual el Gobierno levantó la suspensión general sobre el porte de armas de fuego en el país.

​Cierre comercial y despliegue militar en la Sierra Nevada

​De la Espriella se desplazó a Santa Marta junto a mandos de la Fuerza Pública para supervisar el contingente militar enviado a la región. 

La tensión en la ciudad se intensificó luego de que la estructura criminal ACSN decretara un “paro armado” de 48 horas en respuesta a la muerte de su segundo cabecilla, alias ‘Cholo’, y otros integrantes durante una operación de las autoridades.

​Durante la jornada de amedrentamiento, miembros del grupo al margen de la ley dispararon e incendiaron locales de comerciantes que intentaron abrir sus negocios, además de atentar contra unidades del transporte público.

​”La militarización del Magdalena continúa y la ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue en marcha para recuperar el control territorial y proteger a nuestra gente”, ratificó el mandatario en sus redes sociales, tras sostener un discurso abiertamente confrontativo y violento contra los grupos armados, lo cual marca una ruptura con la política de diálogo promovida por su antecesor Gustavo Petro.

El operativo se suma a la reciente caída de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘El Bendito Menor’, señalado como cabecilla del frente Javier Cáceres de las ACSN y responsable de extorsiones, narcotráfico y homicidios en la Troncal del Caribe.

​Cambio de doctrina en seguridad y cuestionamientos de DD. HH.

​Desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo en agosto, la estrategia gubernamental se ha concentrado en el uso de la fuerza militar, desmantelando los esquemas de diálogo previo y cerrando las mesas de negociación con agrupaciones urbanas y disidencias.

​En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han reportado cerca de 40 bajas de presuntos integrantes de grupos armados, la detención de nueve figuras de alto perfil, la incautación de 49.3 toneladas de estupefacientes y 1.485 armas, así como la erradicación de 1.321 hectáreas de cultivos de coca.

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​Sin embargo, el enfoque gubernamental ha generado alertas en organismos de control como la Defensoría del Pueblo que criticó públicamente al mandatario tras la difusión de un video donde aparece caminando entre cadáveres de presuntos disidentes, advirtiendo que las instituciones estatales no deben imitar las dinámicas de crueldad de los grupos al margen de la ley.

Asimismo, el Gobierno anunció la apelación de fallos judiciales que restringen los bombardeos a campamentos con presencia de menores reclutados forzosamente, luego de confirmarse la muerte de al menos seis menores en recientes incursiones militares.

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