El campesinado colombiano enfrenta una grave amenaza ante la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de eliminar las áreas de protección para la producción agrícola. Las organizaciones campesinas de Colombia denuncian que la supresión de estas herramientas jurídicas, promovidas por el Gobierno saliente de Gustavo Petro, deja en la incertidumbre los avances alcanzados en la adjudicación de tierras. Estas medidas permitían a los productores rurales consolidarse en sus territorios y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

En entrevista para la multiplataforma informativa teleSUR, el politólogo Carlos Sotomante, precisó que la decisión de acabar con las áreas de protección agrícola responde a directrices impuestas desde Washington para frenar la soberanía alimentaria regional. Sotomante argumentó que el próximo gobernante actúa en favor de los intereses del gran latifundismo y de las corporaciones multinacionales de megaminería.

Por su parte, el integrante del Coordinador Nacional Agrario (CNA), Gerardo Amador, advirtió que estas normas permitían el arraigo territorial y la producción autónoma de alimentos. El vocero denunció que los avances estatales en la adjudicación de tierras cultivables quedan suspendidos bajo la administración entrante.

El panorama empeora por la suspensión judicial de fondos para la gestión de desastres frente al inminente fenómeno de El Niño, pese a que el director de la Ungrd, Javier Pava, ratificó el compromiso del mandatario saliente, Gustavo Petro, para asegurar la financiación de las contingencias climáticas.

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Por su parte la exviceministra de Medio Ambiente, Tatiana Roa, cuestionó el retorno de un modelo extractivista basado en el carbón y el petróleo que agrava la crisis climática.

Asimismo lamentó el retroceso histórico que implica reactivar este modelo primario exportador y defendió la necesidad de dar continuidad a la transición energética y a la planificación del suelo bajo criterios de sostenibilidad.

Ante el inminente cambio de directrices gubernamentales, las comunidades campesinas anunciaron jornadas de movilización popular para defender el agua y los derechos territoriales conquistados durante los últimos cuatro años.

Las colectivos sociales enfatizaron que la resistencia popular constituirá la principal herramienta para salvaguardar el ordenamiento territorial en torno al agua, frenar la entrega de recursos a corporaciones multinacionales y asegurar la pervivencia digna de los habitantes de las zonas rurales del país.

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