El Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) denunció este viernes que al menos nueve reporteros sufrieron agresiones físicas y detenciones arbitrarias por parte de Carabineros el miércoles último, durante las protestas estudiantiles en Santiago de Chile contra los recortes educativos impulsados por el Gobierno del derechista José Antonio Kast.

La organización documentó abusos que incluyen el lanzamiento de gas lacrimógeno, la destrucción de credenciales de prensa y el decomiso de equipos técnicos, tras lo cual calificó el escenario como un retroceso institucional.

«Resulta especialmente grave que una de las formas más severas de violencia contra la prensa provenga de agentes del Estado que actúan contra personas que están realizando labores de registro e información de interés público», dijo el observatorio.

Según la denuncia, las fuerzas policiales agredieron de forma directa a periodistas, reporteros gráficos, comunicadores populares y estudiantes de periodismo que daban cobertura a las movilizaciones estudiantiles.

El organismo de derechos humanos instó a las autoridades santiaguinas a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, al tiempo que convocó a los medios comunitarios de la nación suramericana a reportar cualquier vulneración a la libertad de expresión cometida por las fuerzas del orden.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach) emitió el jueves una declaración pública en la que condenó de forma enérgica la represión desproporcionada ejercida por el cuerpo de Carabineros contra estudiantes y trabajadores.

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Las agresiones policiales ocurrieron este miércoles 3 de junio durante el desarrollo de una movilización nacional de carácter educativo convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la cual defendía el derecho legítimo a la manifestación social. Decenas de estudiantes fueron detenidos y un número significativo de manifestantes resultaron heridos por la respuesta policial.

Ante estos hechos, la representación estudiantil exigió un pronunciamiento público e inmediato por parte de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y del ministro de Seguridad, Martín Arrau, frente a las graves vulneraciones de derechos humanos registradas en las calles de la capital chilena.

El movimiento social de Chile rechaza el conjunto de medidas de austeridad y control policial impulsadas por el presidente José Antonio Kast, a las que denuncia como un retroceso en los derechos de las mayorías.

La federación universitaria repudia el Plan de Reconstrucción Nacional y el recorte presupuestario del 3%, la megarreforma tributaria que disminuye del 27% al 23% los impuestos a las grandes empresas, así como la Ley Escuelas Protegidas, por sancionar la protesta retirando el beneficio de la gratuidad escolar.

La Central Unitaria de Trabajadores de Chile condena el proyecto de ley que crea el registro de vándalos, debido a que deviene en una herramienta de persecución institucional que busca coaccionar la movilización pacífica para resguardar los privilegios de las élites financieras y criminalizar la actividad de los sindicatos obreros.

Ante esta agenda económica y de seguridad, la dirigencia estudiantil y los portavoces de la central obrera llamaron a consolidar la unidad de acción en las calles. Ambos sectores convocaron a las comunidades populares a mantener la movilización en todo el territorio chileno para defender conquistas históricas como la educación pública gratuita y el derecho a la libre asociación.

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