La Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach) emitió una declaración pública en la que condenó de forma enérgica la represión desproporcionada ejercida por el cuerpo de Carabineros contra estudiantes y trabajadores.

Las agresiones policiales ocurrieron este miércoles 3 de junio durante el desarrollo de una movilización nacional de carácter educativo convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la cual defendía el derecho legítimo a la manifestación social.

El despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado chileno dejó un saldo preliminar de más de 30 estudiantes detenidos pertenecientes a distintas casas de estudio superior, así como un número significativo de manifestantes con heridas de diversa gravedad.

????Declaración Feusach ante represión en movilización convocada por Confech el miércoles 3 de junio????#Usach #Confech #Chile pic.twitter.com/LOawjTgo4J

— FEUSACH (@feusach) June 4, 2026

Ante estos hechos, la representación estudiantil exigió un pronunciamiento público e inmediato por parte de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y del ministro de Seguridad, Martín Arrau, frente a las graves vulneraciones de derechos humanos registradas en las calles de la capital.

La organización universitaria manifestó su absoluto rechazo al denominado «Plan de Reconstrucción Nacional» impulsado por el Ejecutivo, argumentando que la medida pone en riesgo el acceso y la permanencia de la juventud en el sistema formativo actual.

Asimismo, los movilizados condenaron la Ley Escuelas Protegidas, una iniciativa gubernamental que persigue criminalizar la libre organización e impone sanciones que contemplan la pérdida de beneficios educacionales para quienes ejerzan el derecho a la protesta social en los centros públicos. La dirigencia estudiantil concluyó su pronunciamiento con un llamado masivo a las comunidades educativas, obreras y populares a mantenerse organizadas y movilizadas en todo el territorio nacional.

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Asimismo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, José Manuel Díaz, emitió una declaración oficial en representación del movimiento social para manifestar su absoluto rechazo al proyecto de ley que crea el denominado registro de vándalos.

La dirigencia sindical denunció de manera enérgica que la medida impulsada por el presidente de la República, José Antonio Kast, y su ministro de Seguridad, constituye una estrategia de persecución institucional que utiliza la amenaza y la coerción para frenar la movilización pacífica popular.

La central obrera argumentó que esta normativa tiene como trasfondo real la agudización de la desigualdad social y el amparo de los privilegios de las élites, usando herramientas legales punitivas para criminalizar a las organizaciones sindicales, vecinales y estudiantiles.

Los avances de trabajadores, trabajadoras y del movimiento social, fueron fruto de la organización y la lucha colectiva. Por eso, rechazamos medidas como el registro de vándalos, que busquen inhibir la movilización pacífica mediante amenazas o sanciones. La democracia se… pic.twitter.com/3iH7xm1tni

— CUT Chile ✍️???? (@Cutchile) June 3, 2026

En ese sentido, Los portavoces también enfatizaron la necesidad de defender de manera unida las conquistas históricas del movimiento popular chileno, ratificando la lucha inclaudicable por una educación pública, totalmente gratuita, democrática y de alta calidad para los sectores históricamente excluidos.

La jornada de protesta social, que concentró las demandas de secundarios y universitarios, se organizó como una acción de rechazo directo contra el Plan de Reconstrucción Nacional, la aplicación de recortes presupuestarios a los servicios esenciales y el avance de normativas que criminalizan la organización comunitaria en las aulas chilenas.

Los manifestantes fundamentaron su movilización en la denuncia a la Megareforma que se discute en el Congreso, la cual plantea disminuir el impuesto de primera categoría a las grandes empresas del 27% al 23%.

De acuerdo con los dirigentes estudiantiles, esta medida afectará de forma severa la recaudación de fondos del Estado y desfinanciará el sistema público, profundizando la precarización social en beneficio de los sectores corporativos que no garantizan una retribución económica real al país.

A la reforma tributaria se sumó el rechazo generalizado a las instrucciones del Ministerio de Hacienda, que ordenan a cada cartera ministerial disminuir su presupuesto anual en un 3%, afectando directamente las áreas sensibles de educación y salud.

Asimismo, el repudió el proyecto de Ley de Escuelas Protegidas, se argumenta en que la normativa se centra en implementar medidas punitivas y otorga facultades ambiguas que dan cabida a vulneraciones institucionales basadas en relaciones de poder abusivas, pretendiendo condicionar el derecho a la gratuidad bajo una lógica de meritocracia y castigo.

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