La Policía de Seguridad Pública de Portugal reprimió este miércoles en Lisboa a manifestantes concentrados ante el Parlamento, al finalizar una multitudinaria huelga general contra la reforma laboral del Gobierno.

La represión policial contra la protesta pacífica culminó con el lanzamiento de objetos, el desalojo por la fuerza de la multitud congregada frente a la Asamblea de la República y el arresto de tres manifestantes en Lisboa, quienes exigían al primer ministro, Luís Montenegro, el retiro inmediato de la cuestionada reforma laboral, que será debatida en el Parlamento y que consideran «un atentado a los derechos conquistados».

La manifestación de miles de personas en Lisboa expresó el rechazo a la ley que, según denuncian los sindicatos, precariza el empleo, facilita los despidos, desregula los horarios de trabajo y extiende los contratos precarios, además de vulnerar los derechos de maternidad y paternidad.

Tiago Oliveira, secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) uno de los mayores sindicatos del país europeo, afirmó que es el momento de rechazar esta normativa laboral y recordó que la central sindical también impulsó la huelga anterior el pasado 11 de diciembre contra las medidas del primer ministro Luís Montenegro.

El Ejecutivo insiste en que la polémica reforma laboral es indispensable para aumentar la competitividad, elevar la productividad y mejorar los salarios. En contraste, João Queirós, coordinador del Sindicato de Trabajadores de Espectáculos, de lo Audiovisual y de los Músicos (CENA-STE), lamentó que el Ejecutivo «no está escuchando al pueblo» en cuanto a la reforma, que «intenta arrastrar a las personas a una precariedad que ya existe».

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Los manifestantes advierten que, aunque el Ejecutivo usa los argumentos de productividad y modernización en un contexto de crecimiento económico y pleno empleo, el objetivo real es aumentar el trabajo precario, desregular los horarios y atacar el derecho a la huelga.

La reforma laboral propuesta por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro busca modificar más de 100 artículos del código laboral. Los sindicatos y manifestantes vienen desde hace meses señalando que los promotores de esta ley son los mismos que impulsaron las políticas de ajuste de la troika europea en 2012.

Entre las reformas más polémicas se encuentra la desincorporación del derecho a la reinstalación del trabajador si un tribunal determina que su despido fue improcedente o ilegal, lo cual permitiría que las empresas soliciten negar el retorno si argumentan que se interrumpen gravemente las operaciones.

El paquete de medidas también faculta a las corporaciones para crear bancos de tiempo individuales donde los empleados trabajarían hasta dos horas adicionales por día sobre las ocho habituales, con un tope anual de 150 horas.

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