Tras de 11 días secuestrados, los ciudadanos argentinos Lucas Aguilera y Paula Giménez, detenidos arbitrariamente en Libia del este mientras participaban en el Convoy Global Sumud Magreb de ayuda humanitaria con destino a Gaza, lograron establecer comunicación directa con sus familias desde Bengasi mientras el resto de los activistas informaban sobre la situación que están viviendo.

Según la plataforma Nodal, los voluntarios permanecen aislados e incomunicados, sin contacto entre ellos, y sostienen una huelga de hambre desde hace más de cuatro días como medida de protesta frente a la ilegal retención. Algunos están también en Algunos en huelga seca, sin ingerir alimentos ni líquidos, lo que agrava significativamente y de manera acelerada el riesgo para su salud.

«De acuerdo con la información transmitida a sus familias, varios de los secuestrados han sufrido desmayos, deterioro físico, pérdida de peso y debilidad extrema como consecuencia de la huelga de hambre», informó Nodal.

Agregó que también denunciaron «condiciones de aislamiento prolongado, incomunicación, incertidumbre permanente sobre su situación, presiones psicológicas, interrogatorios intensivos, hostigamiento y otras prácticas que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario».

Los activistas manifestaron no contar con acceso pleno a asistencia jurídica ni con información suficiente sobre su situación procesal, a lo que se suma la ausencia de condiciones adecuadas de higiene personal.

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Global Sumud denunció que los voluntarios permanecen detenidos arbitrariamente en un complejo penitenciario aislado para civiles, gestionado por el Ministerio del Interior, conocido localmente como black site o centro de detención clandestino.

Esta información agrava de manera extrema la preocupación por la falta de supervisión independiente, la ausencia de garantías mínimas y el riesgo para su vida e integridad física.

Las autoridades no han permitido el ingreso de equipos médicos independientes ni visitas humanitarias internacionales, y aún en asilamiento son los propios médicos voluntarios del convoy quienes intentan asistir y monitorear a sus compañeros detenidos.

Nodal señaló que las circunstancias en las que finalmente los activistas pudieron comunicarse con sus familiares «permiten presumir que dicho contacto fue consecuencia de la presión ejercida por los propios voluntarios a través de la huelga de hambre que sostienen desde hace varios días, y no el resultado de mecanismos regulares de protección, supervisión o acceso humanitario».

La comunidad internacional ha exigido con carácter urgente una visita humanitaria inmediata e independiente que permita verificar sus condiciones de detención, constatar su estado de salud y garantizar su integridad física y psicológica. La organización del Convoy Global Sumud Magreb exige asistencia médica urgente y especializada para todos los voluntarios, particularmente frente a las consecuencias derivadas de la huelga de hambre y de la huelga seca en curso.

Lucas Aguilera y Paula Giménez viajaron el pasado 24 de mayo para integrar el Convoy Global Sumud Magreb y «no existe ninguna razón que justifique la prolongación de la privación de libertad de quienes participaban de una misión civil y humanitaria internacional», declaró Nodal.

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La familia, la comunidad internacional y Nodal exigen una visita humanitaria inmediata; asistencia médica urgente y especializada para los voluntarios detenidos; ingreso de equipos médicos independientes; información oficial, pública y verificable sobre su estado de salud y situación jurídica; acceso pleno a asistencia legal y garantías efectivas para su integridad física y psicológica.

Además, exigen el cese de las condiciones de aislamiento, incomunicación, hostigamiento e interrogatorios intensivos; acceso consular pleno para todas las nacionalidades involucradas, y la inmediata liberación de Lucas Aguilera, Paula Giménez y el resto de los detenidos.

“Exigimos al Estado argentino, a las Cancillerías de los países involucrados, a Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y al conjunto de los organismos competentes que intervengan de manera inmediata y activa para garantizar la protección de las personas detenidas y prevenir consecuencias irreparables para su salud e integridad”, dijo Nodal.

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