En Paraguay se abrió un proceso penal por presunto desvío de fondos públicos originalmente destinados a la conservación patrimonial, que habrían sido utilizados para producir materiales comunicativos con el fin de favorecer la imagen de funcionarios del Gobierno.

La denuncia fue presentada por los diputados opositores Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo, junto al ciudadano Hugo Javier Portillo, quienes señalaron que los recursos se emplearon en campañas de hostigamiento contra periodistas y medios críticos.

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Benítez declaró que la Fiscalía debe esclarecer el destino de los fondos patrimoniales, pues se habrían usado para fraguar campañas de desprestigio dirigidas a comunicadores y funcionarios públicos.

Por su parte, Portillo denunció que los recursos asignados a programas de asistencia social fueron desviados para financiar operaciones digitales de acoso sistemático contra periodistas y figuras políticas.

La polémica surgió tras la difusión de materiales en medios como Despierta Paraguay, gestionados por la empresa Digimarketing que además, según los denunciantes, pautó anuncios en redes sociales vinculados a programas sociales como “Hambre Cero” (alimentación escolar) y “Che Róga Porã” (acceso a viviendas).

Investigaciones del diario ABC Color revelaron una posible conexión entre un número telefónico de un funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y la página que hace las publicaciones de desprestigio. Sin embargo, el ministerio emitió un comunicado desligándose de cualquier vínculo con las empresas o medios implicados.

El caso ha generado un fuerte debate sobre el uso indebido de fondos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que recursos destinados a programas sociales sean utilizados con fines políticos o propagandísticos.

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