A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016, el Capítulo Étnico se mantiene como un referente internacional en la garantía de derechos, aunque su balance actual refleja desafíos estructurales y deudas pendientes en los territorios.

La inclusión de este apartado respondió a la histórica resistencia y movilización de las organizaciones indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras desde el inicio de los diálogos en La Habana en noviembre de 2012.

Con la premisa de defender su pervivencia física y cultural, los pueblos exigieron un espacio en la negociación que derivó en principios rectores como la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio y la consulta previa, además de un marco interpretativo de obligatorio cumplimiento para los seis puntos del Acuerdo.

En ese camino de incidencia destaca la misiva enviada el 16 de mayo de 2013 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) al entonces comandante guerrillero Timoleón Jiménez.

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En el documento, las organizaciones denunciaron el exterminio y los crímenes cometidos en sus territorios, exigieron el cese al reclutamiento y reafirmaron su autonomía bajo la consigna: «Cuente con nosotros para la paz. No nos cuente para la guerra».

Impacto del conflicto y respaldo en las regiones

Las estadísticas oficiales del Registro Único de Víctimas sitúan el total nacional en más de 10 millones de personas, cifra que representa cerca del 20% de la población del país.

El impacto sobre los Pueblos Étnicos resulta desproporcionado: se documentan 718.782 víctimas indígenas, equivalentes al 6,91% del total nacional. Al medir esta afectación sobre su propia demografía, más del 30% de los indígenas de Colombia han sufrido las consecuencias de la guerra, una realidad que ya había advertido la Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009 al declarar el riesgo de exterminio físico y cultural de 34 pueblos originarios.

???????? En Colombia, la Corte Constitucional anunció mecanismos que limiten las acciones por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella que desmonten los acuerdos de paz alcanzados hace 10 años. ???? En este contexto, también se cuestionaron las distintas reducciones del gasto del Ejecutivo, exigiendo garantizar los acuerdos. Reporte: Hernán Tobar

— teleSUR TV (@teleSURtv) November 11, 2026

Durante el plebiscito del 2 de octubre de 2016 —donde por un estrecho margen el NO se impuso con el 50,21% frente al 49,78% del SÍ—, las regiones con mayor presencia indígena y afrodescendiente respaldaron masivamente el texto.

Los municipios donde ganó el SÍ registraron una proporción de población étnica 4,5 veces mayor en comparación con las zonas donde triunfó el NO, reflejando la apuesta de estas comunidades por una salida negociada al conflicto.

Avances institucionales y rezagos en la implementación

A una década de la firma, el pacto redujo la violencia y las confrontaciones armadas de la antigua guerrilla en territorios ancestrales, aunque el vacío de presencia estatal propició la incursión de nuevos actores armados que recrudecieron la violencia en varias regiones.

Según los registros del Departamento Nacional de Planeación (DNP) al 31 de agosto de 2026, la ejecución del Capítulo Étnico se ubicaba en el 49,2%, un porcentaje inferior al promedio general del 58,83% y al indicador de género del 53,7%.

En el plano institucional, la presencia de profesionales y líderes indígenas marcó un hito en la justicia transicional, destacando la labor de los magistrados Ana Manuela Ochoa Arias, Belkis Izquierdo, Miller Hormiga y Juan José Cantillo Pushaina en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como la comisionada Patricia Tobón Yagarí en la Comisión de la Verdad.

Estos espacios permitieron la apertura del Macrocaso 09 sobre crímenes contra pueblos y territorios étnicos, la emisión de sanciones propias restaurativas a exintegrantes del Batallón La Popa y la publicación del informe Resistir no es aguantar, consolidando a los pueblos étnicos como sujetos políticos fundamentales en la transformación del país.

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