Al conmemorarse 10 años de la suscripción del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el balance sobre su implementación registra serias sombras operativas, institucionales y de seguridad en el territorio nacional.

Un diagnóstico pormenorizado de la Defensoría del Pueblo, citado por la revista Cambio, señala si bien la dejación de armas en 2017 por parte de más de 14.100 excombatientes y la reducción de la pobreza multidimensional en zonas PDET (del 47.2% en 2018 al 26.1% en 2025) son avances concretos, el proceso afronta una crisis estructural en materia de garantías de vida, presupuesto e inclusión social.

​Unos 11.000 exintegrantes de la guerrilla continúan vinculados a la reincorporación formal, pero la dispersión geográfica y las amenazas constantes dificultan el sostenimiento de los proyectos productivos comunitarios.

​El deterioro de la seguridad física para quienes se acogieron al acuerdo pacífico es uno de los puntos más alarmantes señalados por la dirigencia social y las entidades de control.

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Ataques contra firmantes de la paz

​Voceros de los firmantes de paz y cifras institucionales ratifican una senda persistente de agresiones contra los excombatientes y sus familias. 

La Defensoría contabiliza 521 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo en 2016 (aunque voceras del colectivo sitúan la cifra en hasta 583 víctimas, entre ellas 12 mujeres), con un incremento del 38.5% en los homicidios durante el último año.

Entre enero de 2016 y junio de 2026, según la relatoría, 1.743 defendores de derechos humanos fueron ejecutados en el país en el país sudamericano.

Se han documentado evacuaciones de emergencia en antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en subregiones del Catatumbo y el Meta por presiones de grupos armados ilegales. De 24 espacios iniciales, solo 10 o 19 cuentan actualmente con titulación de tierra propia formalizada.

Entre 2017 y 2025, las personas afectadas por desplazamientos masivos aumentaron de 12.841 a 107.924, mientras que los afectados por confinamiento pasaron de 18.603 a 128.825, concentrándose la violencia en Nariño, Norte de Santander, Chocó y Cauca.

​Modificarán mandato de ONU en Colombia

​En el ámbito internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad (15 votos a favor) la solicitud del Gobierno de Abelardo De La Espriella para reconfigurar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

​Bajo la nueva resolución impulsada por Bogotá, la ONU fiscalizará de manera exclusiva la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad.

El punto 1 del acuerdo, referente a la Reforma Rural Integral, dejará de ser verificado por el organismo internacional y su ejecución recaerá directamente en las instituciones del Estado colombiano.

​El Gobierno nacional defendió la medida como un ejercicio legítimo de soberanía e institucionalidad, pero excongresistas y sectores defensores del pacto denunciaron que la decisión refleja una falta de voluntad política del Ejecutivo de extrema derecha para materializar la transformación del campo y la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Alerta presupuestal y exigencias de la Corte Constitucional

​La coyuntura coincide con los llamados de atención emitidos por la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos respecto al marco fiscal. 

La entidad advirtió sobre un bloqueo de recursos por aproximadamente 16.000 millones de dólares y una caída del 79.1 % en los fondos de inversión destinados a la paz para el próximo periodo fiscal.

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​Ante el repliegue institucional y la fusión de agencias viabilizadoras, la Corte Constitucional ha intensificado su seguimiento al cumplimiento de las órdenes dictadas desde 2022. 

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