El director del Sistema Penitenciario de Panamá, Chanan Singh, presentó su renuncia este miércoles 11 de noviembre tras cuatro meses al frente de la entidad, en medio de una grave alerta nacional e internacional por la muerte de al menos 10 privados de libertad debido a una presunta hambruna y falta de atención médica.

La salida del funcionario se produce tras las denuncias de organizaciones de derechos humanos, las cuales exigen investigar los decesos ocurridos en los centros penitenciarios de Nueva Esperanza, La Joya y La Joyita, además de demandar explicaciones inmediatas a la Ministra de Gobierno.

Durante su salida del cargo, Singh señaló que enfrentó múltiples dificultades administrativas y filtraciones de información. Uno de los puntos centrales de su gestión fue su postura sobre la presencia de los cuerpos policiales dentro de los penales.

Fue enfático al señalar: “Lo que yo quiero, taxativamente, es que la Policía Nacional tiene que salir de todas las integraciones del sistema penitenciario y hacer su trabajo externo, no interno”. Defendió que las labores de seguridad interna queden exclusivamente en manos de los custodios civiles regulados por el Ministerio de Gobierno.

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Singh también reveló que una revisión interna exhaustiva arrojó que cuatro privados de libertad no figuraban en los registros ni se encontraban físicamente en las instalaciones penitenciarias. En ese sentido, afirmó: “Yo hice un trabajo interno en todas las prisiones del país. Y no son dos, son cuatro”. Indicó que, tras la captura reciente de uno de ellos, quedan tres personas por ubicar, cuyas labores de búsqueda dependían de la Policía Nacional.

El exfuncionario también defendió el establecimiento de controles estrictos sobre los traslados de reclusos al amparo de la Ley No. 55, resumiendo su paso por la entidad con la frase: “Yo vine a trabajar y a poner orden. Eso es todo”.

Alerta y condena de organizaciones de derechos humanos por crisis humanitaria

La dimisión del funcionario coincidió con una contundente alerta nacional e internacional emitida por diversas organizaciones sociales ante el fallecimiento de presos en los últimos dos meses en los centros penitenciarios del país, debido a una hambruna provocada y a la falta de atención médica oportuna.

Las agrupaciones señalaron que desde el mes de junio se ha prohibido a los familiares el ingreso de alimentos, lo que obliga a los reclusos a depender de raciones estatales drásticamente insuficientes que ponen en riesgo inminente sus vidas.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) September 8, 2026

Frente a esta crítica situación las organizaciones exigieron de manera enérgica que el titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario y los directores de los penales de Nueva Esperanza, La Joya y La Joyita sean separados de sus funciones de forma inmediata mientras se desarrollan las investigaciones penales y administrativas.

Demandaron que la Ministra de Gobierno explique al país la cifra oficial de fallecidos y detalle las medidas urgentes para frenar la crisis, recordando que el Estado panameño mantiene la obligación constitucional de actuar como garante de la vida y salud de toda persona bajo su custodia.

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El pronunciamiento, respaldado por una veintena de organizaciones como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Asociación Trans Diversa, el Centro de Estudios y Capacitación Familiar y el Observatorio Panamá Afro, recordó también los graves antecedentes del Estado en la materia, entre ellos la tragedia del 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen y la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Vélez Loor vs. Panamá.

Advirtieron que, de no detenerse esta crueldad sistémica en los penales, la República de Panamá será catalogada nuevamente a nivel internacional como un Estado violador de derechos humanos, reiterando que detrás de cada vida perdida hay un drama devastador que afecta a madres, hermanas, hijas y familias enteras sumidas en el terror.

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