Una delegación integrada por contribuyentes estadounidenses, juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos entregó este miércoles 11 de noviembre a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un expediente que documenta el respaldo militar, financiero y diplomático que Administraciones de Estados Unidos le han brindado a Israel durante su ofensiva genocida contra la Franja de Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023 a la fecha, la entidad sionista asesinó en ese territorio palestino a más de 74.500 personas (con cifras actualizadas a finales de octubre de 2026) y provocó heridas a más de 175.000. Tras violar miles de veces el frágil alto el fuego que inició el 11 de octubre de 2025, la ocupación israelí quitó la vida a 1.622 palestinos, mientras que el número de heridos llegó a 5.878. La mayoría de las víctimas son niños, mujeres y adultos mayores. La cifra de menores de edad muertos asciende a 21.976 y hay más de dos millones de desplazados.

La denuncia se formalizó en la sede del tribunal, en La Haya, Países Bajos, bajo el auspicio de una coalición articulada en la Alianza de Contribuyentes Contra el Genocidio (TAAG), que pidió al fiscal que emita órdenes de captura contra el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con los denunciantes, las evidencias demuestran la complicidad directa de altos cargos estadounidenses con el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por Israel en Gaza. De acuerdo con el Gobierno gazatí, sobre la Franja se han lanzado más de 230.000 toneladas de explosivos, lo cual corrobora que Tel Aviv no podría haber desatado tanta destrucción sin el apoyo de Washington.

Tras presentar las pruebas, en conferencia con periodistas, la representación legal amplió el pedido, que reclama procesar además al expresidente Joe Biden (2021-2025) y al exsecretario Anthony Blinken, a quienes señala por haber iniciado y sostenido el envío constante de armas y el respaldo político a Israel durante su gestión.

El material muestra que Washington mantuvo el asedio contra el pueblo palestino sin importar quién ocupe la Casa Blanca. La coalición definió este posicionamiento a favor de Israel y contra los derechos reconocidos por la comunidad internacional al pueblo palestino como una acción sin precedentes en el derecho internacional. Subrayó que la política se sostuvo bajo administraciones demócratas y republicanas por igual.

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El expediente, descrito como voluminoso por quienes lo presentaron, resume casi un año de investigación. Contiene testimonios de médicos que atendieron en Gaza, relatos de sobrevivientes, denuncias de exempleados del Gobierno, grabaciones e informes financieros que trazan el camino de los impuestos estadounidenses hacia el aparato militar israelí.

No solo han muertos miles de niños, mujeres y ancianos: bajo la metralla estadounidense-israelí también perdieron la vida 1.723 sanitarios, 149 miembros de la Defensa Civil, 262 periodistas, más de 194 trabajadores municipales —entre ellos cuatro alcaldes— y más de 2.800 policías y personas encargadas de proteger la ayuda.

Portavoces de la Alianza definieron la gestión ante La Haya como «último recurso». Sostienen que acudieron a la instancia internacional ante la negativa de los tribunales de Estados Unidos a juzgar a sus propios dirigentes por violar los Principios de Núremberg.

La entrega de las pruebas fue posible después de un litigio en un tribunal federal neoyorquino. En octubre pasado, el juez Jesse Furman suspendió las sanciones y decretos con que el Gobierno de Trump pretende castigar la cooperación de particulares y entidades con la CPl. La Alianza se amparó en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense para denunciar a la Casa Blanca.

Los activistas denunciaron el daño que los bombardeos infligen a la niñez palestina y el sesgo colonial de una ocupación sostenida por Washington y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Maria Curry, integrante de la delegación, lo resumió en estos términos. «No debe haber lugar ni apoyo para el colonialismo en ningún lugar, y menos en este tiempo. Nunca olvidaremos el sufrimiento infligido a las familias palestinas, ni olvidaremos la responsabilidad de los Gobiernos de EE.UU. al permitir esto con la protección política y el dinero de los contribuyentes. Estamos aquí para exigir rendición de cuentas a quienes cometen los crímenes y a quienes los facilitan».

La exigencia de justicia, señalaron los portavoces, alcanza a migrantes y a todas las víctimas de la ocupación. Sostienen que los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional no pueden quedar sin castigo al amparo de la inmunidad diplomática ni del poder económico de un Estado.

Con este expediente, la Alianza TAAG emplazó al fiscal de la CPl a tratar a las potencias occidentales con el mismo rigor e independencia que aplica en otros casos. La respuesta de la Fiscalía definirá si la solicitud avanza hacia una investigación formal sobre la complicidad bipartidista de Washington.

Además de las víctimas, los bombardeos de Israel han dañado alrededor del 82 por ciento de los edificios de Gaza, empujando a miles de desplazados a vivir en carpas sin condiciones de salubridad, expuestos a las lluvias y el frío invernal y a enfermedades. La Oficina Central de Estadísticas Palestina (PCBS) denunció a inicios de octubre que cerca de 201.290 edificios resultaron dañados, de ellos 134.422 completamente reducidos a escombros.

El 90% de las infraestructuras del enclave están destruidas, entre ellas la infraestructura de agua potable y aguas residuales, de la cual alrededor del 90% había resultado dañada o destruida a principios de 2026. El 82% de las tierras agrícolas y el 97% de los olivos y otros árboles frutales de Gaza ya no existen.

Nueve de cada diez hospitales resultaron dañados o destruidos desde el 7 de octubre de 2023 a la fecha. Solo 19 de los 38 hospitales funcionan, y lo hacen con recursos mínimos. Las camas disponibles bajaron de 3.412 a 2.623. Violando el derecho internacional humanitario, los ataques de Israel dejaron fuera de servicio 96 centros sanitarios, y dañaron o destruyeron 197 ambulancias. En total, se han documentado 793 ataques contra instalaciones, personal y suministros médicos.

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