Poco más de un mes después del «plebiscito informal» que implicaron las masivas movilizaciones en rechazo al proyecto de extranjerización de tierras en Argentina, la Corte Suprema de Justicia dejó el pasado martes sin efecto la sentencia que mantenía vigente la Ley de Tierras Rurales. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, elimina los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.

Ante este escenario, el peronismo y otros partidos opositores ya preparan una sesión especial en la Cámara de Diputados para intentar anular el decreto con el que el presidente Javier Milei derogó esa norma. En paralelo, el oficialismo busca maniobras para sostenerla, contraviniendo el arrebato soberanista del jefe de Estado, que en su discurso ante las Naciones Unidas afirmó que «Malvinas es una causa nacional».

La Ley 26.737 fue sancionada en 2011 por el Senado con 62 votos a favor y uno en contra. Fijaba un tope del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y un máximo de mil hectáreas por propietario extranjero en la zona núcleo agrícola.

El ultraderechista Milei —quien se autodefine como «un topo dentro del estado»—la derogó a fines de 2023 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, un instrumento por el cual el Ejecutivo dicta normas con fuerza de ley sin pasar previamente por el Congreso. La Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional ese artículo y la ley siguió vigente por vía judicial hasta ahora.

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La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación. Resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, autor de la demanda, no tenía legitimación para presentarla. Los constitucionalistas consultados por Tiempo Argentino advierten que, en la práctica, el fallo convalida el decreto. «Hoy no hay ley», dijo el historiador Matías Oberlín, del Observatorio de Tierras del Conicet.

Los excombatientes respondieron que pueden «morir en defensa de la soberanía pero no acudir a un tribunal». En un fuerte comunicado señalaron: «La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas».

El Partido Justicialista, principal fuerza de oposición, afirmó en un comunicado que «tres jueces de la Corte Suprema pusieron en venta el territorio nacional», y convocó a revertir la decisión «en la calle, en el Congreso y en las urnas».

«Las consecuencias del fallo son evidentes y no están fuera del análisis de sus autores: a partir de hoy, y a pesar del rechazo popular y masivo en las calles y en el Congreso, el territorio argentino está a la venta. El deseo y la voluntad del gobierno de Javier Milei de entregar la soberanía y el patrimonio nacional encontró en tres personajes los cómplices necesarios del desfalco a la Nación», señala el comunicado de la organización política.

La salida, según los especialistas, es política. El Senado rechazó el DNU el 14 de marzo de 2024, por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. Pero en Argentina un decreto de necesidad y urgencia solo queda sin efecto si lo rechazan ambas cámaras, y Diputados nunca lo trató. Por eso el decreto sigue vigente. Unión por la Patria anunció que pedirá una sesión especial, con apoyo de la Coalición Cívica, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda. Hacen falta 129 diputados presentes. «Tenemos una sola bala, por lo que hay que ser muy concretos», dijo a Tiempo Argentino uno de los impulsores. El interbloque peronista del Senado también presentó un proyecto para derogar el decreto.

Según Página 12, el oficialismo analiza cómo sostener la derogación y para eso evalúa reincorporar la regulación de tierras a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que está en Diputados. Ese capítulo había sido retirado en el Senado en agosto por falta de apoyos dentro del recinto y un fuerte rechazo popular en las calles.

Fuentes consultadas por el diario indican que hay proyectos y operaciones pendientes de un marco legal que permita comprar campos a extranjeros, en línea con los beneficios fiscales planteados en el RIGI y el súper RIGI, que aún no ha sido aprobado definitivamente en el Congreso.

La causa Malvinas y las contradicciones del mileísmo

El fallo llega mientras Milei viaja a Francia con gobernadores y en medio de la discusión sobre Malvinas. El foco actual es Sea Lion, un yacimiento en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Lo operan ilegalmente la israelí Navitas Petroleum, con el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%, y la fase de extracción está prevista para 2028.

El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó suspender el proyecto mediante una medida cautelar, a pedido de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del propio CECIM La Plata, la misma organización que perdió ahora ante la Corte. Londres desconoce la validez de la justicia argentina sobre el archipiélago, y su Cancillería publicó una guía corporativa que ratifica que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar sanciones allí.

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El Gobierno de Milei respondió con una serie de medidas: anunció una base naval en Tierra del Fuego, presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a Navitas, sancionó a otras 15 partes y envió al Congreso un proyecto para endurecer las penas a quienes exploten recursos en Malvinas sin autorización. Además, el confeso admirador de la expremier británica Margaret Thatcher (que goberbana durante la guerra de Malvinas) suspendió un viaje al Reino Unido previsto para octubre.

En paralelo a este «rapto malvinista» del jefe de Estado, su Administración busca eliminar las restricciones para que extranjeros compren territorio argentino.

Este miércoles, el plenario de comisiones de Diputados que debate el proyecto oficial de soberanía sobre las islas se suspendió tras un fuerte cruce entre el diputado opositor Juan Grabois y legisladores oficialistas. «La lucha de todo un pueblo frena la entrega de la patria y vienen tres tipos que no votó nadie a tirar todo para atrás ¿esto es democracia? Hay que voltear este fallo«, señaló el dirigente peronista.

Diputados de Unión por la Patria plantean además pedir juicio político contra los tres jueces. Según Tiempo, la comisión que debería tratarlo está presidida por Lilia Lemoine, del oficialismo, y permanece sin funcionar.

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