Un año después del desplome de la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente de Argentina, Javier Milei, la causa judicial avanza sin citaciones a indagatoria pese a múltiples denuncias por presunta estafa internacional.

El expediente tramitado en el Juzgado Federal N. 8 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, casi no ha registrado avances sustanciales en 12 meses. Aunque figuran como denunciados el mandatario; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y empresarios vinculados al proyecto, hasta la fecha ningún imputado ha sido convocado a declaración indagatoria, paso procesal que formaliza la imputación y habilita la defensa ante los cargos.

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El 14 de febrero de 2025, Javier Milei publicó en redes sociales un mensaje en apoyo al lanzamiento de $LIBRA, afirmando que financiaría emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina. Tras el posteo, el precio del token se disparó abruptamente hasta desplomarse horas después, dejando pérdidas millonarias a miles de inversores que operaron confiando en el respaldo presidencial.

El mandatario borró posteriormente la publicación y afirmó no estar «interiorizado» en el proyecto.

En enero de 2026, la Sala I de la Cámara Federal ordenó actualizar en 90 días los montos de los embargos dispuestos contra el empresario estadounidense Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli —señalado como nexo entre Davis y Milei— y Manuel Terrones Godoy, inicialmente fijados en unos 37 millones de pesos argentinos.

La medida respondió a un planteo de la querella encabezada por el abogado, dirigente y diputado nacional Juan Grabois, quien cuestionó la insuficiencia de las sumas trabadas. Además, la Justicia evalúa aceptar como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que denuncian pérdidas superiores a dos millones de dólares.

Paralelamente, hay una causa en Estados Unidos ante la jueza Jennifer Rochon, en el Distrito Sur de Nueva York. A fines de enero, el diario Clarín reveló un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre Milei y Davis, mediante el cual este último ofrecía asesoramiento ad honorem en blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino.

El Congreso argentino creó una comisión investigadora que concluyó en su informe final que Milei «utilizó la investidura presidencial» y su hermana «facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional». Ningún funcionario del Ejecutivo se presentó ante dicha comisión.

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