Organizaciones LGBTIQ+ de Ecuador denunciaron este domingo que al menos 12 personas de su comunidad han sido asesinadas en el país en lo que va de 2026. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, las agrupaciones exigieron al Estado la adopción urgente de medidas para frenar la violencia y la impunidad.

El reporte del Observatorio Runa Sipiy de la Asociación Silueta X detalla que entre las víctimas mortales registradas este año hay 11 mujeres trans y un hombre homosexual. A través de un manifiesto público, las organizaciones señalaron que el Estado ecuatoriano carece de registros oficiales diferenciados sobre estos crímenes y no reconoce el transfemicidio dentro de la legislación penal vigente.

El observatorio documentó más de 199 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Ecuador desde 2010. Solo durante 2025 se contabilizaron 30 casos, lo que las agrupaciones califican como una «aritmética del horror» ante el incremento de las muertes violentas.

“Hoy no conmemoramos. Denunciamos. No pedimos. Exigimos”, manifestaron los colectivos en el documento difundido en redes sociales.

Las organizaciones atribuyen la continuidad de estos actos a la falta de investigaciones con enfoque de diversidad, la ausencia de estadísticas oficiales, la criminalización de las víctimas y las barreras para acceder a los servicios de salud, justicia y protección.

El pronunciamiento formal exige al presidente Daniel Noboa y a la Asamblea Nacional una reforma al Código Orgánico Integral Penal para tipificar el transfemicidio, junto con la aprobación de una ley de identidad de género. Las demandas incluyen solicitar a la Fiscalía General del Estado crear una unidad especializada en crímenes de odio, y al Ministerio del Interior para implementar protocolos policiales que respeten la identidad de género de las víctimas.

Los colectivos indicaron que el conflicto armado interno, declarado por el presidente Noboa en 2024 contra bandas criminales catalogadas como terroristas, intensificó la violencia de manera desproporcionada sobre las comunidades LGBTIQ+.

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Ante este panorama, el movimiento llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas para vigilar la situación del país y respaldar sus demandas.

El documento concluye con un rechazo a la ola global de retroceso en derechos LGBTIQ+ promovida desde centros de poder político ultraderechista y religioso.

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