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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló que el informe del Procurador General del Estado, demostró el pago en exceso en la compra que hizo el Ministerio de Ambiente al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) de los terrenos donde se levanta el parque ecológico ‘Los Samanes’, ubicado en la provincia de Guayas (costa).
Correa sustenta lo antes mencionado con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría, donde establece además que las conclusiones y recomendaciones de sus informes son obligatorias y de inmediato cumplimiento, razón por la cual el débito ya ha sido realizado.
"Cabe indicar que el Issfa recibe $ 51 millones mensuales de parte del Estado, y tiene $ 1.300 millones de ‘patrimonio’, que en realidad es el dinero entregado por el mismo Estado, ya que el Issfa prácticamente no genera -ni tiene por qué generar- ingresos. Las pensiones militares están garantizadas gracias a la enmienda al Artículo 370 de la Constitución de la República impulsada por el Gobierno Nacional, la misma que en su momento fue objeto de los ataques de aquellos que ahora dicen que se quiere afectar al Issfa", explica Correa en un artículo publicado en El Telégrafo.
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El Jefe de Estado también precisa que hay sectores que pretenden politizar la situación "bastante evidente y hasta banal. Estos grupos pueden poner todas las acciones legales que consideren, pero no tienen derecho a mentir ni a engañarnos, peor a pretender intimidarnos".
Correa asegura que demuestra "tan solo la falta de madurez de la democracia ecuatoriana y la excesiva influencia que aún poseen sectores relacionados a la fuerza pública, con la complicidad de opositores oportunistas y de la prensa de siempre".
El presidente ecuatoriano insistió que el Issfa no es parte de nuestras Fuerzas Armadas, cuya misión, estructura y competencias están determinadas en los artículos 158 al 162 de la Constitución de la República. El Issfa, como claramente lo establece la Constitución en su artículo 370, es parte del sistema de seguridad social. Nuestros soldados deben tener básicamente los mismos derechos que cualquier ciudadano, pero atendiendo las particulares condiciones de su dura profesión.
Bienestar Social de los militares
Además agregó que "El Alto Mando tiene la obligación moral y profesional de velar por el bienestar de sus soldados, pero esto no puede confundirse con devenir en dirigentes gremiales, como pretenden ciertos altos oficiales en servicio pasivo. Esto es extremadamente peligroso para la democracia y el Estado de derecho, pues a diferencia de otros dirigentes, tendrían la fuerza de las armas".
El mandatario Correa finaliza el artículo sintetizando que seguirán defendiendo "los derechos de nuestros soldados y de todos los ciudadanos. Cada vez que traten de invocar falsos espíritus de cuerpo, nuestros soldados deberían preguntarse: ¿cuántos de sus hermanos, padres, cónyuges vecinos o conocidos tienen seguridad social?"
"Luchamos por tener un país más justo y una Patria para todos, y sabemos que, en esa lucha, contamos con los verdaderos soldados de la Patria".
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