La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este primero de junio, el acto de instalación de la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal. Desde el estado Miranda, Rodríguez destacó que este proceso constituye un paso estratégico fundamental para profundizar la tutela efectiva del Estado y adecuar el sistema criminal nacional a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Durante su alocución, la jefa de Estado rememoró las luchas de su juventud frente a la impunidad de la cuarta república y el asesinato de su padre, el líder revolucionario Jorge Antonio Rodríguez, quien fue torturado en los calabozos de la antigua policía política.

Rodríguez enfatizó que, si bien la Revolución Bolivariana logró depurar los antiguos vicios donde las sentencias se negociaban con maletas de divisas, todavía resulta insuficiente para las demandas morales que el pueblo merece.

Como medida inmediata para combatir las desviaciones dentro de los cuerpos de seguridad y las instancias de los tribunales, la mandataria ordenó la creación de la plataforma tecnológica y línea telefónica «0800-EXTORSIÓN». La presidenta encargada precisó que esta herramienta busca hacer justicia y salvaguardar la dignidad de la gran mayoría de los jueces, fiscales y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que actúan con honestidad.

Transformación de espacios y transferencia al poder popular

En el marco de la transferencia de competencias al poder popular, el Ejecutivo decretó la entrega formal del antiguo coliseo de la policía de Petare a las comunidades organizadas de la populosa jurisdicción mirandina. La estructura, que funcionó históricamente como un recinto de privación de libertad, será intervenida de manera integral por la Misión Venezuela Bella para ser transformada en un centro dedicado exclusivamente a la cultura y el deporte.

El despliegue operativo de la consulta contempla la división del territorio nacional en circuitos técnicos simultáneos en cada estado del país para evaluar las problemáticas locales del sistema penal. El Fiscal General de la República, Larry Devoe, asumirá las funciones de secretario de la comisión presidencial, garantizando la articulación con los movimientos sociales y el Sistema de Naciones Unidas para Venezuela.

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Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el parlamento venezolano acompañará de manera activa las jornadas de debates en las comunidades. Las brigadas legislativas asumirán la tarea de sistematizar la totalidad de las propuestas ciudadanas con el fin de avanzar con celeridad en la redacción de los nuevos instrumentos legales del país.

Consolidación de la paz y de las garantías institucionales

La mandataria interina resaltó la necesidad imperiosa de involucrar activamente a todos los actores institucionales de la nación, con especial énfasis en los órganos de investigación penal del Estado. La incorporación de estos componentes metodológicos busca canalizar las quejas históricas sobre el retardo procesal y evitar que los conflictos vecinales deriven en delitos graves contra las personas.

Finalmente, las autoridades nacionales ratificaron que este mecanismo de debate directo dota al Estado de las bases morales necesarias para defender la tranquilidad interna ante cualquier intento de desestabilización. Las organizaciones de base manifestaron su respaldo absoluto a la iniciativa gubernamental, considerándola un paso trascendental para democratizar las instituciones y consolidar una sociedad de paz.

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