Donald Trump anunció este domingo que usará petróleo venezolano para rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, hoy en su nivel más bajo desde 1982, tras caer por debajo de los 300 millones de barriles. El mandatario calificó el suministro como «un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos». Dos días antes había presentado el pacto como el trato petrolero más grande jamás alcanzado. Del otro lado, Delcy Rodríguez insiste en que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos.

El acuerdo, firmado el viernes 28 de agosto, cubre 17 campos petroleros durante 25 años, con una meta de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Rodríguez calculó los ingresos fiscales totales de Venezuela en 209.335 millones de dólares, tomando 65 dólares como precio referencial del barril, lo que deja 19 dólares de cada barril directamente al Estado.

La presidenta encargada enmarcó el pacto en una idea que repite desde el sábado. «De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra» si no se traducen en desarrollo», sostuvo y agregó que el proyecto binacional busca convertir esa riqueza en bienestar social, desarrollo industrial y estabilidad económica a largo plazo para la nación sudamericana.

Trump había planteado el acuerdo en otros términos. Según funcionarios de la Casa Blanca citados por CNN, Washington obtiene el control efectivo del 55% de la producción de la nueva empresa conjunta y concesiones por 100 años, y no por 25, para explotar los yacimientos. El propio mandatario habló de un control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Un mismo documento, dos relatos que casi no comparten cifras.

El anuncio llegó por las redes sociales de Trump, el canal que ha usado todo el año para mover el precio del petróleo y avanzar presiones políticas. El jueves previo a la firma, el Brent tocó 89.70 dólares y el WTI 83.53, un repunte que el propio mercado atribuyó tanto a la situación en Ormuz como a los primeros reportes del acuerdo con Venezuela. Para el cierre de esa semana, ambos crudos habían devuelto buena parte de esa ganancia. El secretario de Estado, Marco Rubio, había prometido que el pacto traería «petróleo de bajo costo» y bajaría el precio de la gasolina en Estados Unidos, una promesa que el mercado, por ahora, no confirmó.

El patrón no es nuevo. Reuters reveló que reguladores estadounidenses investigan al menos cuatro operaciones por más de 2.600 millones de dólares que operadores colocaron minutos antes de anuncios previos de Trump sobre la guerra con Irán, apuestas que acertaron el sentido exacto del mercado. El analista petrolero Rory Johnston explicó a la revista Fortune que la sola presión verbal de la Casa Blanca alcanza para empujar los precios por debajo de lo que sugeriría la escasez física real, sin que la oferta cambie una sola gota.

En su propio país, Trump promueve una agenda de desregulación bajo la bandera de la dominancia energética. En febrero, derogó el dictamen ambiental que sostenía dos décadas de regulación climática y flexibilizó normas sobre aguas residuales y emisiones industriales para acelerar la extracción en tierra, parte de ella destinada a los centros de datos de inteligencia artificial. El Departamento de Energía registra una producción récord de 13.6 millones de barriles diarios de crudo y cerca de 109.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

En junio, con la gasolina rozando 4.53 dólares por galón, Trump restó importancia al alza y acusó a Exxon, Chevron, Shell y BP de encarecerla de forma artificial, exigiendo un precio de 2.25 dólares. Los costos de refinación y la prima de riesgo que dejó la guerra con Irán mantuvieron el promedio nacional por encima de los cuatro dólares durante buena parte del año, la misma escasez que hoy busca cubrir con crudo venezolano.

El costo político de esa brecha la miden las encuestadoras desde hace varios meses. La encuesta Reuters/Ipsos del 17 de agosto ubicó la aprobación de Trump en 33%, la más baja de su segundo mandato, con ocho de cada diez estadounidenses convencidos de que la guerra con Irán se prolongará indefinidamente. Por primera vez en una década, los votantes confían más en los demócratas que en los republicanos para manejar la economía. El politólogo G. Elliott Morris mostró que ni siquiera una baja sostenida de los precios logró antes recuperar esos números. El malestar económico, una vez instalado, no se revierte con un solo anuncio.

El analista Franco Vielma leyó ese cálculo desde otro ángulo. Lo vinculó con la guerra en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz, ruta por la que antes circulaba una quinta parte del petróleo mundial, y con la urgencia de Trump por mostrar resultados energéticos antes de que los republicanos midan esa impopularidad en las urnas de noviembre.

En el plano jurídico, Vielma insistió en un punto que rara vez aparece en los titulares. La Ley Orgánica de Hidrocarburos declara intransferibles los yacimientos bajo tierra, que pertenecen a la nación, y limita lo que el Estado entrega a derechos de explotación. Venezuela declara 350 campos petroleros a escala nacional y posee más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas, las mayores del planeta. Los 17 campos comprometidos ahora son poco más del 20% de ese total.

Venezuela: de 3.4 millones de barriles a menos de 400.000

La producción venezolana superaba los 3.4 millones de barriles diarios a finales de los años noventa. Luego de la llegada de la Revolución bolivariana, el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, cuando gremios empresariales y directivos de Pdvsa, invocando la defensa de la meritocracia de la industria frente al control estatal, paralizaron la producción, sabotearon el cerebro electrónico de la empresa y forzaron el despido de más de 18.000 trabajadores calificados.

Esa fractura técnica alimentó después una batalla mediática que Washington citó como antecedente de las sanciones petroleras impuestas a partir de 2017, hasta tocar menos de 400.000 barriles diarios en 2020. En agosto de 2026, superó los 1.23 millones de barriles diarios, su nivel más alto desde febrero de 2019, en un país que lleva más de una década bajo cientos de sanciones.

Gran parte de esa recuperación ocurre en el Zulia, que concentra buena parte de la apuesta. De los 17.000 pozos que el Gobierno evalúa a escala nacional, 8.000 están en territorio zuliano y corresponden a la categoría de activación más inmediata. Más del 60% de esos pozos se ubican en el Lago de Maracaibo, una cuenca que todavía enfrenta los derrames que dejó el temporal de finales de agosto, atribuidos por el gobernador Luis Caldera al mal tiempo, sin que ello frenara los planes oficiales para la región. El Zulia produce hoy el 34% del petróleo nacional y respalda el acuerdo como palanca para la vialidad, la salud y la recaudación tributaria en la costa oriental del lago.

Chevron fue la única petrolera estadounidense que permaneció en Venezuela durante los años de sanciones más duras. Las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros se ampliaron por etapas hasta sumar a Shell, BP, Eni, Repsol y Maurel & Prom. Bloomberg informó que las firmas SLB y Hunt Oil Co. suscribieron contratos con el Gobierno venezolano este mismo mes para desarrollar dos campos petroleros adicionales.

El belga Eric Toussaint, economista y vocero del CADTM internacional, documentó que esos ingresos no llegan de forma libre al Gobierno venezolano. Un decreto estadounidense del 9 de enero los depositó en cuentas administradas por el Tesoro de Estados Unidos, primero a través de un fondo en Qatar y luego de manera directa. Washington presenta jurídicamente esos fondos como propiedad venezolana, pero los mantiene bajo su custodia y control.

Ese control financiero opera, sin embargo, sobre una base política inédita. El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense con 150 aeronaves bombardeó Caracas y secuestró al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores. La agresión dejó un centenar de muertos, entre ellos 32 cubanos. Dos días después, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Rodríguez presidenta encargada citando la ausencia forzada del mandatario. Washington negocia hoy con un Gobierno que llegó al poder en medio de esa ofensiva.

La operación llegó apenas semanas después de que Venezuela cerrara su mejor año económico en una década. La CEPAL calculó un crecimiento del 6.5% del PIB en 2025, el más alto de la región, tras un 8.5% en 2024, y el Banco Central de Venezuela contabilizó 18 trimestres consecutivos de expansión, impulsados en el tercer trimestre por un salto de 16.12% en el sector petrolero. El propio organismo de Naciones Unidas reconoció a Venezuela como uno de los motores de la recuperación regional, junto a Paraguay y Argentina.

Campos greenfield al 16%

La idea de la soberanía petrolera no nació con este acuerdo. Chávez fijó su primera versión el 13 de noviembre de 2001, cuando decretó la Ley Orgánica de Hidrocarburos y cerró la apertura petrolera de los años noventa. La norma exigió que el Estado mantuviera más de la mitad de las acciones en toda empresa mixta y subió las regalías mínimas del 16.6% al 30%.

En 2007, llegó el paso siguiente. El Decreto 5.200 nacionalizó la Faja Petrolífera del Orinoco y absorbió cuatro proyectos de crudo pesado que hasta entonces operaban empresas extranjeras. Chávez lo anunció el 1 de mayo ante miles de trabajadores reunidos en el Complejo José Antonio Anzoátegui y resumió la disputa en una sola frase: la vieja apertura no fue sino el intento del imperialismo «de adueñarse de la reserva petrolera más grande del mundo». Aquella etapa arrancó con una regalía de apenas 1% para los primeros bloques verdes de la Faja.

Ocho de los 17 campos comprometidos ahora son, en la jerga de la industria, bloques verdes o greenfield, áreas sin pozos perforados ni infraestructura de transporte, que exigen capital masivo antes de producir el primer barril. Por cada uno de esos barriles, el operador privado pagará una regalía mínima del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%, calculado una vez descontados los costos de producción, cifras que la reforma de enero convirtió en ley. El contraste que más repite el oficialismo es este, el último gran proyecto de bloques verdes en Venezuela, hace 30 años, se pactó con una regalía de apenas 1%.

El diputado y dirigente del PSUV Francisco Ameliach fue más allá y defendió el acuerdo como una negociación deliberadamente desigual. Ante las bases del chavismo más reacias a aceptarlo, pidió «saber perder al principio para ganar después» y sostuvo que ceder terreno inicial no es traición al legado soberano, es realismo político elemental frente a una correlación de fuerzas que, por ahora, favorece a Washington.

El bloqueo financiero cambió las reglas del juego a partir de 2017. En 2020, Maduro presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente la Ley Antibloqueo, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°. 6.583. La norma facultó al Ejecutivo para inaplicar leyes ordinarias y firmar contratos petroleros bajo reserva de confidencialidad. Maduro la presentó como un blindaje contra «el bloqueo imperialista».

Ese diagnóstico sigue vigente. El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, informó en mayo que, de las 1.088 medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela en la última década, 1.040 seguían activas entonces. El Observatorio Venezolano Antibloqueo, que Castillo dirige, las describe como una agresión multiforme dirigida contra el petróleo, la banca y el sistema financiero del país. Seis años después de la Ley Antibloqueo, el bloqueo que la originó sigue vigente, solo cambió de forma.

La Asamblea Nacional aprobó otra reforma el 29 de enero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.978 y compuesta por 35 artículos. El texto abrió la puerta a que el capital privado internacional adquiera participación mayoritaria en la comercialización del crudo, una facultad reservada hasta entonces al Estado. La reforma llegó 26 días después de la agresión del 3 de enero y siete meses antes del acuerdo con Washington.

La distancia entre ambos períodos queda a la vista en los números. Chávez blindó la mayoría accionaria estatal en 2001 y en 2007. La reforma de 2026 permitió lo contrario para los contratos comerciales, aunque conservó intacta la norma que declara intransferible el yacimiento. Rodríguez sostiene que ambas cosas conviven sin contradicción, la propiedad queda en manos del Estado y la operación pasa a manos privadas.

El propio Chávez, mientras denunciaba el imperialismo, llegó a venderle a Estados Unidos más de 1.4 millones de barriles diarios en los años de mayor producción. La renta de entonces financió la Misión Vivienda y Barrio Adentro. La dependencia del mercado estadounidense no es nueva, sobrevivió incluso a las etapas de mayor confrontación retórica entre Caracas y Washington.

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