Comunidades mapuche y kolla de Argentina denuncian la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos indígenas del país a raíz de políticas de despojo territorial impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y convocan a una conferencia de prensa virtual para el próximo 4 de septiembre.

La rueda de prensa internacional se realizará a las 10H00, hora de Argentina, a través de la plataforma Zoom, con traducción simultánea al portugués, francés, inglés, italiano y alemán. La convocatoria lleva la firma de las Lof Mapuche Melo, Kinxikew y Pillán Mawiza y de la Caminata de Warmis, la movilización de mujeres kolla que llegó a Buenos Aires tras recorrer localidades del norte argentino.

En el documento de invitación, las organizaciones denuncian las políticas de desterritorialización impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y el blindaje legal que, según advierten, le confiere la media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esa norma, de aprobarse en la Cámara de Diputados, profundizaría lo que ya ocurre en los territorios, donde las comunidades describen un cuadro de «criminalizar, despojar, y desalojar de sus tierras a los Pueblos Indígenas».

Las organizaciones calculan que ese escenario podría dejar sin su territorio a alrededor de 1.300 comunidades indígenas en distintas provincias. «Este nuevo escenario de despojo, pretende dejar en la calle a unas mil trescientas comunidades indígenas en Argentina, acompañando estos desalojos con causas penales contra autoridades ancestrales de las comunidades en conflicto, como así también, a las familias damnificadas», advierte el comunicado.

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La ley de inviolabilidad de la propiedad privada habilita que los desalojos —tanto urbanos como rurales— se tramiten mediante juicio sumarísimo, un proceso judicial extraordinario y acelerado, con la posibilidad de una restitución anticipada del inmueble antes incluso de que se resuelva el litigio de fondo: lo que se conoce como «desalojo exprés». El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la norma puede agravar los conflictos territoriales, dado que la propiedad comunitaria indígena ya está reconocida por la Constitución Nacional y por tratados internacionales firmados por Argentina.

El escenario se agravó desde diciembre de 2024, cuando el Gobierno derogó la Ley 26.160, que declaraba la emergencia territorial indígena, suspendía los desalojos y ordenaba un relevamiento de tierras comunitarias. Según datos oficiales, en el país hay más de 250 conflictos territoriales activos en tierras nacionales y provinciales.

Qué hay detrás de los desalojos

Para los y las convocantes, detrás de cada desalojo hay intereses económicos concretos como los acuerdos bilaterales con Israel para recibir 300.000 «refugiados israelitas-sionistas» en la Patagonia, el arribo de empresas tecnológicas que necesitan emplazar sus megas centros de datos en lugares extensos y óptimos para la refrigeración de sus servidores, y los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para instalar mega proyectos extractivistas.

A esa lista suman lo que definen como una clara política segregacionista y genocida contra los pueblos indígenas, que les niega el reconocimiento pleno de sus derechos y los deja sin acceso a la justicia ni al debido proceso.

El llamamiento apunta directamente a los medios y a la sociedad civil. «La argentinidad desconoce estos hechos porque los grandes medios de comunicación responden a los intereses de los usurpadores y también porque hay una complicidad social cimentada desde el racismo y la indolencia. Les pedimos solidaridad periodística, humanitaria hacia un periodismo que abrace la verdad y la justicia. Rompamos los muros de silencio juntos y que se esparza nuestra verdad al mundo», concluye el documento.

El trasfondo de la convocatoria está marcado por hechos recientes en los territorios. En Villa La Angostura, las Lof Melo y Kinxikew resistieron un desalojo parcial el 19 de agosto, ordenado a favor de un grupo privado de origen belga; la Justicia lo frenó después de la repercusión pública, pero el litigio de fondo continúa abierto.

En Chubut, la Lof Pillán Mawiza forma parte de las comunidades mapuche-tehuelche que fueron allanadas en febrero de 2025 y que aún cargan con causas judiciales sin pruebas concretas —entre ellas, la de Vic Núñez Fernández, cuya imputación se extendió por un año más—.

Y en el norte, mujeres kolla que integran la Caminata de Warmis recorrieron Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe antes de llegar a Buenos Aires, alertando sobre el daño ambiental de la minería de litio en la Puna jujeña, una de las actividades que más presión ejerce sobre las comunidades de la zona.

Cómo sumarse

Periodistas y medios interesados en seguir la conferencia deben anotarse previamente enviando un correo a direccion.pluriversidad@proton.me, con nombre, apellido, medio para el que trabajan y país de residencia.

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