Gremios de transportistas y pueblos ancestrales de Guatemala implementaron 19 bloqueos en carreteras estratégicas de 8 departamentos del país para manifestar su rechazo ante el persistente incremento en los precios de los combustibles y el costo de la canasta básica.

Las interrupciones viales, reportadas por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), impactan principalmente en regiones como Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, San Marcos, Petén y Quetzaltenango, afectando también los accesos al aeropuerto internacional Mundo Maya, cuyas operaciones aéreas se mantienen con normalidad.

Los manifestantes expresaron su inconformidad frente al impacto operativo que sufren debido a los carburantes (donde el diésel registró un leve descenso de un quetzal y las gasolinas se mantuvieron sin variaciones) y rechazaron la implementación de subsidios anteriores por considerarlos ineficaces para el consumidor final.

En el caso de Sololá, los transportistas y pueblos ancestrales anunciaron un bloqueo indefinido desde las 6:00 de la mañana.

El sector agrupado en la Asociación de Transportistas de Guatemala exige reformas a la Ley de Seguridad Vial y demanda la aprobación de un subsidio temporal al combustible presentado por el presidente Bernardo Arévalo el pasado 24 de julio, iniciativa que prevé ser evaluada este lunes por los jefes de bloque del Congreso. Roberto Hernández, dirigente del sector, señaló que existen posturas divididas sobre el impacto económico que generan las movilizaciones.

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Las organizaciones empresariales, entre ellas la Cámara del Agro, la Cámara de Industria (CIG), la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), exigieron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar el libre tránsito y el orden público, advirtiendo sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos. Asimismo, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según estimaciones de la Cámara de Industria, cada día de bloqueos representa un costo aproximado de 217.59 quetzales (equivalentes a 28 dólares) por cada habitante económicamente activo. La situación genera un dilema institucional entre el derecho a la manifestación social y la garantía de la libre circulación frente a la interrupción de las cadenas de suministro y el encarecimiento generalizado de los productos de consumo diario.

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