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La debilidad política del Gobierno argentino quedó expuesta con la caída de la “Ley Ómnibus” en el Congreso.
Tras sufrir una contundente derrota en el Congreso, el presidente de Argentina, Javier Milei, compartió desde Israel un fragmento de la Torá que relata el regreso de Moisés del monte Sinaí.
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El fragmento escogido por el mandatario, relata que a su vuelta el profeta y liberador del pueblo hebreo encontró a sus seguidores corrompidos, que en vez de profesar la fé en Dios adoraban a un becerro de oro. Enfurecido, Moisés convocó a “los seguidores de Jehová” y ordenó el exterminio de los traidores; "Maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente" señala el texto sagrado.
La herida por la que sangra el mandatario argentino y por la que amenaza con una casería de díscolos es el fracaso en el tratamiento de la “Ley Ómnibus”, como se conocía al megaproyecto de ley de 664 artículos que el Ejecutivo envió al Congreso bajo el título de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.
La caída ocurrió tras semanas de largas y poco transparentes negociaciones entre el bloque oficialista y los diferentes sectores de oposición. La errática línea de la Libertad Avanza inició con una intransigencia absoluta que derivó en una postura genuflexa con experimentados diputados opositores que buscaban beneficios como compensación por sus colaboración con el Gobierno.
Gracias a las sucesivas concesiones, el oficialismo festejó el viernes 2 de enero la aprobación en general del proyecto. Aunque muchos de los que dieron el visto bueno en esa instancia, sabían que la verdadera negociación se vería en el debate artículo por artículo, y así fue.
La debilidad política quedó expuesta y la excesiva improvisación tuvo sus consecuencias. El martes 4 de enero, el oficialismo logró la aprobación de facultades extraordinarias al presidente en seis áreas, pero no consiguió el mismo apoyo en cuanto a la privatización de las empresas públicas.
Mediante la reforma de algunos incisos, los legisladores limitaron el poder del Ejecutivo para rematar las empresas del Estado, lo que para el mandatario, que acababa de llorar frente del Muro de los Lamentos, era un límite innegociable. Así, se ordenó el retiro del proyecto, que probablemente descanse para siempre en algún cajón de la Cámara Baja.
La derrota no fue aceptada con calma. A través de las redes sociales y fiel a su estilo “troll”, el mandatario, retwitteó insultos y agresiones a todos los legisladores que votaron en contra el inciso H de la “Ley Ómnibus”.
A través de una publicación, señaló a toda la dirigencia que se opuso al proyecto que pretendía facultades delegadas en 11 áreas por cuatro años y una reforma tributaria, penal, laboral y económica, como parte de una “casta empobrecedora” que deberán dar explicaciones al pueblo.
Esta casta tiene a partir del 4 de enero nuevos integrantes, que hasta antes de la votación eran aliados incluso premiados con funciones de primer grado en el Estado.
En primer término, el oficialismo cortó puentes con partidos opositores como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC), ambos partidos integrantes de “Hacemos Coalición Federal”, un bloque de legisladores variopintos denominados por la prensa como “dialoguistas”.
En segundo lugar, la Casa Rosada se enfrentó en las últimas semanas con las provincias, dado que desde la administración federal produjo importantes recortes en los giros federales de los cuales dependen las Gobernaciones para hacer frente a gastos corrientes, como el pago de sueldos de policías, maestros y médicos.
Fueron los propios gobernadores los que vieron en el debate legislativo la posibilidad de negociar a cambio de los votos de legisladores propios, concesiones para afrontar el ajuste que los obligará en los próximos meses a afrontar una crisis en sus localidades.
Así, la única alianza sólida que le queda a nivel político partidario al partido de Gobierno es el PRO, disputado por la ahora ministra de Seguridad, Patrica Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri.
Sin embargo, este apoyo condiciona cada vez más al Ejecutivo, y no faltan las versiones que indican que Macri espera que culmine el fracaso de Milei para absorber como PRO a la Libertad Avanza y realizar un cogobierno. Situación que hasta ahora esquivó mediante varias maniobras el primer mandatario y su núcleo cercano.
La confrontación no quedó en lo declamativo, y este jueves, Economía anunció un recorte en los subsidios al transporte que la Nación giraba a las provincias. En los hechos la medida obligará a los gobernadores a aplicar un fuerte aumento de los boletos para poder mantener el servicio, que podría verse inviable para la mayoría de las provincias y ciudades del interior del país.
Además de un intento de disciplinamiento, la acción busca asegurar el principal objetivo establecido por el plan económico gubernamental, el déficit cero. Si bien el Gobierno alcanzó esta meta a pocos semanas de asumir, lo consiguió gracias a un ajuste brutal a los gastos del Estado, una fuerte devaluación y un recorte en las transferencias a las provincias.
La devaluación del 50 por ciento definida por el ministro de Economía, Luis Caputo, en los primeros días de Gobierno además de licuar los gastos estatales, se tradujo en un 25 por ciento de inflación en diciembre y según estimaciones otro 20 por ciento en enero.
La motosierra permitió en un principio dar cierta estabilidad a la macroeconomía y la compra de dólares por parte del Banco Central además de una relativa calma en los mercados cambiarios.
En este contexto, la estrategia a la cual se aferra Caputo, es un ajuste sin medir consecuencias a la espera del ingreso de divisas producto de la liquidación de la cosecha de este año.
La fecha en que se espera ingresen los dólares del complejo agroexportador es marzo, pero el atraso cambiario y la diatriba económica podría peligrar si no se realiza una nueva devaluación. Lo cual implicaría una nueva escalada inflacionaria para bolsillos que no pueden resistir mucho más.
En tanto, el Estado argentino afronta el pago de la deuda por casi 45.000 millones de dólares adquiridas por el Gobierno de Mauricio Macri y que fue renegociada por la administración de Alberto Fernández. De momento, la administración Milei consiguió el respaldo del FMI y fueron girados los fondos por el organismo para pagar los vencimientos de capital de enero y abril, señaló Caputo en conferencia de prensa.
Los principales perjudicados por el ajuste son los niños, los trabajadores y jubilados. Con la última devaluación, los haberes jubilatorios de la mayoría de quienes reciben este beneficio no supera los 80 dólares al mes, en un contexto donde los medicamentos han triplicado sus precios y los abuelos deben elegir entre que medicina comprar y cual no.
En cuanto a los miles de trabajadores que utilizan el sistema de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde se concentran casi 15 millones de habitantes, sufrirán para marzo un aumento de más del 250 por ciento en el boleto mínimo de autobuses.
A la vez que se espera un aumento en las tarifas de gas y de luz de hasta un 300 por ciento en las próximas semanas por el retiro de subsidios de parte del Estado nacional a los proveedores de mencionados servicios.
También la clase media se vio seriamente perjudicada. Las prestadoras de salud privadas aumentaron sus cuotas en un 30 y un 40 por ciento en enero y febrero y se prevé que alcancen un acumulado del 100 por ciento para marzo. Del mismo modo, se eliminó la regulación a los precios de los combustibles, por el cual la gasolina y el diésel aumentaron hasta un 163 por ciento en menos de dos meses.
En tanto, la cara más cruda del ajuste se ve en los comedores y ollas populares en donde atestiguan el aumento de la demanda y por lo tanto del hambre en los sectores populares. Según el testimonio de quienes se organizan para dar una respuesta alimenticia de manera colectiva para responder a la emergencia alimentaria, señalan que en el último mes se ha duplicado la gente que se acerca a sus puertas en busca de un apoyo alimentario.
Como contrapartida, el Estado interrumpió la entrega de subsidios y alimentos a organizaciones sociales y comedores desde que asumió como gestión.
A su vez, las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas cayeron un 28,5 por ciento con respecto a enero del año pasado, y acumulan una caída del 40 por ciento desde el ingreso de Milei a la Casa Rosada, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El retroceso de las ventas de PyMES, que emplean el 64 por ciento de los asalariados registrados, ven un horizonte nada auspicioso.
Mientras tanto, la abrupta reducción del poder adquisitivo de la población se traduce en una recesión cada vez más evidente, la cual fue anunciada como parte del plan de Gobierno por Milei: la idea es sencilla, los precios bajarán porque la gente ya no tendrá dinero para gastar.
Mientras tanto, Javier Milei se apoya en su victoria electoral y señala una y otra vez que cuenta con el apoyo del 54 por ciento de los argentinos. Y si bien esta afirmación es exagerada, las consultoras aseveran que pese a las medidas antipopulares, el mandatario cuenta con más del 50 por ciento de aprobación a casi dos meses de asumir funciones, habiendo caído menos del diez por ciento desde el pasado 10 de diciembre.
Sin embargo, como comenta el consultor Javier Buttié, esta imagen positiva no debe sobredimensionarse, dado que el líder de La Libertad Avanza tiene “liquidez política”, es decir, cierto apoyo de la población, pero carece de “solvencia política”. Esto significa que en caso de caer aún más su imagen, el mandatario no tiene una estructura ni la institucionalidad para sostenerse
Con el Parlamento y las provincias en contra, el presidente no puede perder el apoyo político propio de quienes recién asumen la gestión. La expectativa es lograr reducir la inflación, estabilizar la economía y con esos resultados cosechar un alto apoyo de la sociedad para avanzar en las reformas que se planteaban originalmente.
Sin embargo, hay múltiples variantes que amenazan esta perspectiva, que van desde una probable baja del precio de la soja, hasta la inestabilidad política y social. De hecho, el propio FMI en su último informe celebró el ajuste del Gobierno, aunque puso sus reparos ante las posibles reacciones de la población ante lo drástico de las medidas, llevadas adelantes sin un plan de estabilización que mediante paliativos, permita a los ajustados sobrellevar la situación como indica la ortodoxia.
En tanto, es imprevisible la resiliencia y la posibilidad de un estallido social en rechazo de las medidas de ajuste está siempre latente. Hasta ahora las principales centrales obreras realizaron un paro acompañado de una masiva movilización el pasado 24 de enero y se realizan manifestaciones sectoriales. Pero de momento nada augura un estallido social en lo inmediato, pero tampoco puede asegurarse lo contrario: con temperaturas altas y el pasto reseco, cualquier chispa hace incendio.
