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    Sus críticos aseguran que el código viola las libertades y la intimidad de los ciudadanos.

El nuevo Código de Policía que entró en vigor hace una semana significa un retroceso para la libertad y los derechos ciudadanos, aseguran los colombianos.

El pasado 30 de enero entró en vigencia el nuevo Código de Policía, conocido como la Ley 1801. El nuevo estatuto fue aprobado en 2016 y reemplazará al de 1970.

Sus impulsores afirman que se trata de una modificación necesaria, debido a que el antiguo fue creado cuando las condiciones de seguridad ciudadana eran distintas a las actuales.

Sin embargo, la nueva ley ha causado controversias y críticas porque ha sido calificada como represiva, arbitraria y dictatorial.

¿De qué se trata la ley?


Sus más de 240 artículos buscan regular el comportamiento de los ciudadanos en todo el territorio colombiano, además de actualizar las herramientas de la Policía Nacional para mantener la convivencia en ámbitos que no se encontraban contemplados en el Código de 1970.  

Entre otras disposiciones se establece:

1.- Facultades para disolver una protesta social.

2.- Allanamiento sin orden judicial.

3.- Detención administrativa arbitraria.

4.- Imponer multas.

5.- Creación de centros de detención para borrachos e indigentes.

Artículos más polémicos


1. Allanamiento sin orden judicial: Permite que la Policía ingrese a un inmueble sin una orden escrita, pero supuestamente solo si hay que socorrer a alguien que ha pedido auxilio. Asimismo, si hay que extinguir un incendio o remediar alguna inundación; si hay que cazar a un animal rabioso o feroz fuera de control; o si se presenta cualquier otra situación que el funcionario considere que se "requiera su ayuda".

​2. Detención administrativa: Establece que la Policía podrá trasladar a personas en estado de indefensión, grave alteración de la conciencia, o bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohólicas.

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3. Control ciudadano: Los funcionarios podrán cerrar moteles o prostíbulos ubicados en las zonas residenciales; suspender fiestas o sellar de manera temporal establecimientos; e incluso establece que las autoridades podrán controlar en las salidas de las salas de cine para verificar si la edad de los asistentes cumplen con la clasificación establecida en las cintas.

 Foto: APTOPIX

Además, prohíbe el uso de gas pimienta y la pólvora. Otorgarán multas para quienes protagonicen riñas en la calle y actos circenses. También tienen autorización para registrar a personas, bienes y evitar el ingreso a las instituciones educativas cuando se produzcan conductas que afecten la convivencia.

De igual forma, prohíbe hacer grafitis. Quienes los hagan recibirán multas y tendrán que reparar los daños causados.

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4. Manifestaciones y movilizaciones sociales: Todos estarán obligados a participar cuándo se hará una protesta social. Pero, además, las autoridades podrán disolver de manera legal cualquier protesta si "lo creen pertinente".

5. Uso de la fuerza permitido: El cuerpo policial podrá usar la fuerza ya sea por iniciativa propia o por petición de otra persona. Supuestamente, solo se aplicará en casos para prevenir comportamientos contrarios a la ley; por si se niegan a cumplir las medidas correctivas; o para defenderse o defender a alguien que esté en riesgo de ser afectado en su integridad.

6. Uso de instrumentos para ejercer sus funciones: También podrán usar “medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance” para mantener la seguridad. Según lo aprobado, estos instrumentos “deberán ser usados bajo los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad según las circunstancias específicas; su empleo se hará de manera temporal y solo para controlar a la persona”.

7. Apoyo civil: El reglamento plantea que la Policía podrá pedir ayuda de los particulares, si está en riesgo la vida o integridad de una persona.

En opinión de algunos analistas, el Código se traduce en un retroceso para las libertades y derechos ciudadanos, al darle la oportunidad a los uniformados de disolver una protesta social, realizar un allanamiento sin orden judicial, detener a personas arbitrariamente, imponer multas, crear centros de detención para ebrios y personas en situaciones de calle, entre otros aspectos.

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Asimismo, organizaciones de derechos humanos lo critican por vulnerar las libertades, en especial el derecho a la protesta. Consideran también que antes de actualizarlo, debió capacitarse en derechos humanos a los uniformados para que no lleven a cabo los malos procedimientos o abusos de autoridad. 

La Corte Constitucional de Colombia actualmente estudia 13 demandas por parte de congresistas y organizaciones de derechos humanos en contra del nuevo estatuto. 

Repercusiones en el proceso de paz


Sectores de la sociedad denuncian que lo establecido en el código es contrario al discurso de paz defendido por el Gobierno y no beneficiaría a la convivencia pacífica en una posible etapa postacuerdo.

Parte de la población ha manifestado descontento porque la ley no se ajusta a un país que quiere encontrar el fin del conflicto armado, debido a que se restringe la libertad de las personas en estado de indigencia o criminaliza a quienes son vendedores ambulantes, desconociendo la jurisprudencia constitucional de protección a estas comunidades.


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