​Ante las graves revelaciones sobre redes de corrupción enquistadas en el Instituto Nacional Electoral (INE), legisladores de Morena exigieron este domingo que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) investigue y sancione una trama de colusión empresarial que operó impunemente durante los últimos diez años. 

La demanda se produce luego de que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE Víctor Hugo Carvente Contreras, revelara que cinco empresas vinculadas entre sí ligadas a los hermanos Hernández Casillas concentraron de manera fraudulenta el 77% del mercado de materiales electorales para el organismo federal y 20 OPLEs locales.

​Durante el período comprendido entre 2014 y 2025, esta red simuló competencia comercial para acaparar 106 contratos por un monto acumulado de 2.461 millones de pesos a través de prácticas de «coyotaje». 

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, y la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, coincidieron en que los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) configuran delitos graves que ameritan aplicar las nuevas y más estrictas facultades de la CNA.

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Estas facultades, contemplan multas de hasta el 15% de los ingresos de las compañías, inhabilitaciones directas de hasta cinco años y la presentación de querellas penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

​ Entre 2014 y 2025, cinco empresas conectadas entre sí simularon libre competencia para adjudicarse 106 contratos por más de 2.461 millones de pesos en material e insumos electorales, tanto a nivel federal como en 20 organismos públicos locales.

Los parlamentarios recordaron que la reforma institucional que dio origen a la CNA dotó al organismo de mayores herramientas punitivas, permitiendo castigar con severidad a los infractores mediante fuertes multas económicas, inhabilitaciones y procesos penales contra directivos y funcionarios coludidos.

Desde el espectro político, legisladores han exigido que las pesquisas se extiendan a profundidad para revisar la complicidad de funcionarios que permitieron estas anomalías, esclareciendo cómo operó esta red de corrupción y qué controles fallaron para impedir el desvío de recursos públicos durante más de una década.

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