El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció formalmente el inicio de gestiones financieras internacionales para construir una cárcel de máxima seguridad en la región. El proyecto de infraestructura penal toma como referencia directa el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo implementado en El Salvador bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

La nueva instalación carcelaria estará ubicada estratégicamente en una zona aislada del Chaco cruceño, alejada de los grandes centros urbanos para garantizar un régimen de confinamiento estricto. La autoridad departamental precisó que el recinto se llamará La Tumba y contará con esquemas de vigilancia permanente, junto al control absoluto de las comunicaciones externas únicamente mediante videoconferencias autorizadas.

El mandatario regional justificó la propuesta argumentando la necesidad imperiosa de erradicar el funcionamiento de redes operativas del crimen organizado que operan desde el interior de los establecimientos penales. El funcionario enfatizó que la iniciativa busca poner fin a los privilegios delictivos y asegurar el aislamiento efectivo de los reclusos considerados de alta peligrosidad.

Actualmente, el territorio boliviano cuenta con un único centro penitenciario de máxima seguridad, ubicado en la localidad altiplánica de Chonchocoro dentro del departamento de La Paz. En tanto, la jurisdicción de Santa Cruz alberga cuatro recintos principales administrados por la Dirección General de Régimen Penitenciario, entre los que destaca el complejo de Palmasola.

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La prisión urbana de Palmasola es catalogada como el establecimiento penal más extenso, poblado y conflictivo de Bolivia, habiendo registrado graves acontecimientos de violencia entre reclusos en años anteriores. La edificación del nuevo recinto en el Chaco busca descentralizar la custodia de los procesados y mitigar los riesgos derivados de la proximidad de recintos penales a las zonas residenciales.

Datos publicados por la Defensoría del Pueblo reflejan que la población penal boliviana supera los 33.000 internos distribuidos en 46 recintos carcelarios a nivel nacional. La institución defensora advirtió que el sistema penitenciario atraviesa una severa crisis estructural caracterizada por niveles de hacinamiento que rozan el 109 por ciento de la capacidad instalada.

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