La cifra de personas fallecidas en los centros penitenciarios de El Salvador bajo la custodia del Estado se elevó a por lo menos 547 víctimas. 

Así lo denunció este martes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) a través de sus canales oficiales, alertando sobre lo que califica como una profunda crisis de derechos humanos en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

“Sube a 547 el número de víctimas mortales. La trágica cifra de al menos 547 personas fallecidas bajo custodia del Estado en el contexto del régimen de excepción, sin haber sido vencidas en juicio y sin perfil delictivo, representa una crisis profunda de derechos humanos que no puede ser ignorada”, publicó la ONG en su cuenta de la red social X.

​La organización, que asiste jurídicamente a familiares de los detenidos, advirtió que el 94 % de las víctimas no poseía vínculos con las estructuras de pandillas (maras) y que fallecieron bajo tutela estatal en un escenario de total impunidad. 

Asimismo, el SJH sugirió que la cifra real de muertes tras las rejas podría superar el millar, debido al ocultamiento sistemático de información en los juicios masivos.

​Vulneración de convenios internacionales

​El informe y las métricas compartidas por los activistas exponen que la actual administración carcelaria salvadoreña vulnera principios fundamentales consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): ​Derecho a la vida (Art. 6), el Estado falla en su obligación directa de proteger la integridad física y la vida de los ciudadanos bajo su custodia penal.

​Derecho a la libertad y seguridad personales (Art. 9), se presume la ejecución de detenciones arbitrarias masivas, dado que la gran mayoría de las víctimas mortales carecía de antecedentes delictivos, y el derecho a un juicio justo (Art. 14): Los reclusos fallecieron sin la oportunidad de comparecer ante un tribunal independiente, anulando su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

​¿Crímenes de lesa humanidad?

​La ONG planteó además que el nivel sistemático y generalizado de estas violaciones a los derechos humanos encaja en los supuestos del Estatuto de Roma, norma que rige a la Corte Penal Internacional (CPI). 

Bajo dicho marco normativo, la privación intencional de la vida (asesinato), el encarcelamiento severo y la persecución por motivos políticos o de otra índole contra la población civil organizada podrían ser catalogados como crímenes de lesa humanidad.

​Contexto del régimen de excepción

​El régimen de excepción fue aprobado por el congreso salvadoreño en marzo de 2022 tras una violenta escalada de homicidios ejecutados por pandillas. La medida suspende temporalmente varias garantías constitucionales y es la principal herramienta de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Bajo este régimen, más de 92.480 personas han sido arrestadas y, a la fecha, permanecen recluidas sin una condena en firme.

Asimismo, organizaciones civiles contabilizan alrededor de 6.400 denuncias formales por violaciones a los derechos humanos.

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​De acuerdo con un informe previo del SJH emitido a finales de enero, el 32 % de los decesos dentro de los penales se debió a episodios de violencia física.

A pesar de los constantes exhortos de la comunidad internacional para frenar su aplicación, el régimen cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población salvadoreña.

​Hasta la fecha, el Poder Ejecutivo de El Salvador no ha emitido pronunciamientos oficiales ni reacciones públicas ante los últimos datos publicados por la organización humanitaria.

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