La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, María Zajárova, aseguró este martes que el descubrimiento de un centro clandestino de detención en las inmediaciones de la capital ucraniana no constituye un caso aislado, sino una “práctica sistemática” ejecutada por la estructura militar de Kiev.

​En sus declaraciones a los medios de comunicación, la vocera diplomática aseveró que este tipo de instalaciones fuera de control judicial forman parte del esquema operativo que sostiene la Administración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“El hallazgo de estos centros de detención ilegales no es un hecho fortuito; es una práctica sistemática del régimen de Kiev. Son precisamente estos lugares los que sostienen el poder de Volodímir Zelenski”, declaró Zajárova.

​Las acusaciones de Moscú coinciden con el impacto generado tras los acontecimientos de la noche del 2 de noviembre en la localidad de Petropavlivska Borshchahivka, cerca de Kiev.

​Tras la divulgación del escándalo, figuras del ámbito político e institucional ucraniano han reaccionado públicamente. 

​El jefe de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kiril Budánov, reconoció que en el país operan múltiples instalaciones de este tipo, prometiendo iniciar investigaciones sobre los hechos reportados y analizar los índices de deserción en las tropas.

​El diputado ucraniano Artem Dmytruk denunció la existencia de “cientos de cárceles clandestinas” donde presuntamente se recurre a la extorsión y al uso de violencia física severa contra los retenidos.

Fuentes militares consultadas por el medio local Strana confirmaron que estas prisiones informales, conocidas internamente como “pozos”, son utilizadas habitualmente como mecanismo disciplinario para sancionar a los soldados previo a su despliegue en zonas de alta confrontación.

​Detalles del hallazgo y disturbios en Petropavlivska Borshchahivka

​El conflicto estalló al localizarse a cerca de 40 hombres retenidos en el sótano de una vivienda privada vinculada al primer Cuerpo de la unidad Azov de la Guardia Nacional.

​Informes médicos y de testigos presenciales indicaron que entre los confinados se encontraban personas en estado crítico con necrosis, fracturas vertebrales, así como un fallecido y un menor de 14 años en estado de shock. 

Una profesional de la salud que logró ingresar al recinto denunció la presencia de personas maniatadas y encapuchadas.

​Admisión del mando militar y debate sobre los métodos de movilización

​Las autoridades de Kiev atribuyeron inicialmente las denuncias a maniobras de propaganda externa y desinformación. Sin embargo, la narrativa oficial sufrió fisuras tras el pronunciamiento de la propia estructura del primer Cuerpo de la unidad Azov, cuyo mando terminó reconociendo que el inmueble pertenecía a su red de despliegue y que varios militares con lesiones de diversa consideración tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios.

​El hallazgo de estas instalaciones informales aviva el debate sobre los métodos de reclutamiento forzado, el trato hacia los reclutas y la supervisión de los derechos humanos en las áreas de retención de las fuerzas armadas ucranianas.

​El caso pone bajo la lupa internacional las condiciones internas de la movilización militar en Ucrania y la actuación de grupos con amplio margen de autonomía operativa, en momentos donde defensores de derechos humanos exigen a las instituciones europeas una investigación independiente y transparente sobre los abusos cometidos en recintos no autorizados.

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Político finlandés acusa a la UE de complicidad tras descubrirse un centro de tortura en Kiev

Más temprano, el político finlandés Armando Mema, miembro del partido conservador Alianza por la Libertad (VL), denunció que la Unión Europea (UE) sabe sobre los centros de tortura en Ucrania, pero hace caso omiso del tema. 

«La UE está plenamente al tanto de estas cámaras de tortura, pero durante años ha hecho la vista gorda«, publicó Mema en la red social X, señalando que, a su juicio, el silencio de los líderes del viejo continente se puede interpretar como “complicidad en los crímenes de Kiev y una falta de respeto al imperio de la ley y a los derechos humanos”. 

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