El Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) hizo un llamado a la Policía Federal (PF) el pasado jueves para que investigue episodios de violencia contra los indígenas guaraníes y kaiowá en Mato Grosso do Sul, registrados después de los resultados de las elecciones.

«Dada la gravedad de los informes, el MPI (Ministerio de Asuntos Indígenas) se ha puesto en contacto con la Policía Federal para que los hechos se investiguen de forma rápida y exhaustiva. El Ministerio también mantiene un diálogo con las comunidades indígenas a través del Departamento de Mediación y Conciliación de Conflictos Territoriales Indígenas (Demed)», informó el Gobierno federal a través del comunicado.

Según el comunicado, el MPI continúa trabajando para garantizar la protección y los derechos de las comunidades indígenas. Para tal propósito, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Asociación Aty Guasu están recabando denuncias de violencia, que podrían derivar en acciones judiciales concretas.

Entre los casos denunciados se encuentran asesinatos en Naviraí, atropellos con fuga en Coronel Sapucaia, amenazas de muerte, manifestaciones racistas y amenazas de envenenar el agua consumida por las comunidades indígenas en Tacuru y Nioaque.

En la semana en curso, en represalia por el resultado de las elecciones presidenciales, un empleado de la alcaldía de Tacuru, en el extremo sur del estado, supuestamente sugirió, en un mensaje enviado por WhatsApp, que se envenenara el agua que consumen los indígenas de la aldea Sassoró. «Pongan veneno en el agua, matemos a estas plagas», escribió. Tras el incidente, el imputado fue apartado de sus funciones.

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Según Ricardo Terena, coordinador del departamento legal de la APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), el acceso al agua en la región es precario y las comunidades indígenas dependen del agua que se les suministra mediante camiones cisterna. Tras la difusión de los audios, muchos indígenas dejaron de consumir el agua por temor a la contaminación.

Ante las amenazas, la Fiscalía Federal de Mato Grosso do Sul dio al Ayuntamiento de Tacuru un plazo de 24 horas para aclarar si las grabaciones de audio son auténticas, identificar al autor de las amenazas e informar sobre las medidas que se están tomando.

El domingo, por la noche, una familia entera fue asesinada en Naviraí. Ese mismo día, un hombre murió tras ser atropellado en Coronel Sapucaia.

El coordinador del Consejo Indígena Misionero (Cimi) en Mato Grosso do Sul, Matías Benno Rempel, afirmó que los episodios de violencia se intensificaron durante el período electoral, con denuncias de intimidación y agresiones. Sin embargo, subrayó que estas prácticas forman parte de una realidad permanente en el Estado. Según él, el domingo circularon camionetas por los territorios y se agredió a indígenas en un intento de sembrar el pánico en las comunidades e impedirles votar.

«Camionetas recorrían el territorio y algunos indígenas fueron agredidos en un intento de sembrar el pánico en la comunidad e impedirles votar», expresó.

Rempel señala que, si bien la violencia es recurrente en estas comunidades, los episodios han cobrado mayor visibilidad en este momento. “Ahora la región está en el punto de mira. Pero lo ocurrido esta semana, los intentos de asesinato, suceden constantemente con la población indígena guaraní kaiowá”, declaró a Agência Brasil. “Esta violencia, a la que se denomina violencia postelectoral, es un componente permanente de las milicias rurales”, añadió.

La diputada federal Célia Xakriabá (Psol-MG) también denunció el aumento de la violencia en la Comisión de Derechos Humanos, Minorías e Igualdad Racial. En esa ocasión, mencionó un incendio en el territorio del pueblo Tikm’n, también conocido como Maxakali, en Minas Gerais. «Se trata de pueblos indígenas que enfrentan amenazas a sus vidas, agua y territorios», afirmó. «Es necesario investigar estas denuncias y que las autoridades públicas actúen para garantizar la protección de las comunidades», exigió la parlamentaria.

Según datos de Apib, entre 2022 y 2026, seis indígenas de la etnia guaraní kaiowá fueron asesinados en Mato Grosso do Sul.

En Tacurú también se han reportado casos de discriminación racial contra los pueblos indígenas. El cacique Iván Montiel, concejal y líder de la aldea Sassoró, informó haber recibido grabaciones de audio con declaraciones discriminatorias atribuidas a dos empleados del ayuntamiento. Según él, los implicados ya han sido identificados y serán procesados ​​tanto en la justicia penal como en la civil.

«No toleraremos los prejuicios ni la persecución de nadie. No lo toleraremos y no guardaremos silencio. La democracia debe prevalecer siempre, y por lo tanto, el respeto», afirmó.

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La APIB exigió que los implicados rindan cuentas si se confirman las acusaciones. La organización no detalló el contenido de los documentos presentados ni indicó si todos los casos ya son objeto de investigaciones específicas.

Respuesta del ejecutivo brasileño liderado por Lula

Ante esta situación, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó este viernes el traslado de tres ministros a Mato Grosso do Sul para acompañar las denuncias de amenazas y violencia contra comunidades indígenas tras las elecciones.

La comitiva la integran Eloy Terena (Pueblos Indígenas), Janine Mello (Derechos Humanos) y Wellington César Lima e Silva (Justicia), quienes visitarn este sábado las aldeas Taquapiri y Sassoró. «Él (Lula) pidió que fuéramos al territorio para seguir de cerca la situación», relató Terena.

Para atender los derechos de los pueblos originarios ante el repunte violento, efecto visible del escenario de polarización política que vive el país sudamericano, el Gobierno creó una fuerza de tarea interministerial, solicitó investigaciones a la Policía Federal y desplegó la Fuerza Nacional de Seguridad en Sassoró, Taquapery y Limão Verde.

La Articulación de los Pueblos Indígenas registró en total más de 30 episodios de violencia vinculados al proceso electoral.

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