Congresista peruana Ruth Luque denuncia ley de impunidad que promueve el fujimorismo
Representa un grave retroceso de las obligaciones internacionales del Estado peruano, al extender la impunidad a crímenes cometidos durante la gestión de Dina Boluarte.
Tras la destitución y detención de Castillo, miles de peruanos de los sectores más humildes protestaron durante semanas exigiendo su liberación. Esas movilizaciones, ocurridas durante el mandato de Boluarte, fueron violentamente reprimidas. Foto: EFE
14 de mayo de 2026 Hora: 14:09
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La congresista peruana Ruth Luque advirtió que un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso busca modificar el Código Penal en materia de delitos de lesa humanidad, lo que —afirmó— podría favorecer la impunidad en casos de asesinatos de civiles durante el Gobierno de Dina Boluarte.
Durante una sesión legislativa, Luque señaló que la iniciativa introduciría criterios que limitarían la sanción de estos delitos y cuestionaría la rapidez del trámite parlamentario, iniciado el 30 de marzo y ya listo para el debate final. “Su objetivo es extender la impunidad a los nuevos casos de violaciones a derechos humanos perpetrados, como los del Gobierno de Dina Boluarte”, declaró.
La expresidenta Boluarte ha sido señalada por organizaciones nacionales e internacionales de DD.HH. por su presunta responsabilidad en la muerte de 50 civiles durante las protestas registradas tras el golpe parlamentario contra el exmandatario Pedro Castillo, a finales de 2022. Según el congresista, la norma también podría liberar de sanciones a exministros y altos mandos militares involucrados en esos hechos.
Tras la destitución y detención de Castillo, miles de peruanos de los sectores más humildes protestaron durante semanas exigiendo su liberación. Además, reclamaron la dimisión del Congreso y la convocatoria a una Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, que ponga fin a la heredada del fujimorismo. Esas movilizaciones, articuladas durante la gestión de Boluarte, fueron violentamente reprimidas.
El proyecto de ley denunciado por la congresista Luque —impulsado por el presidente del Congreso, el conservador Fernando Rospigliosi— establece que incurre en delito de lesa humanidad quien cometa actos como homicidio calificado, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura, en el marco de un ataque sistemático contra la población civil y con conocimiento de ello. Las penas previstas van de 30 años de prisión a cadena perpetua, siempre que se cumplan dichas condiciones.
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Asimismo, Rospigliosi dijo que busca evitar “abusos e injusticias” contra miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos aquellos investigados por crímenes de Estado.
Sin embargo, el texto incorpora elementos considerados ambiguos, como la exigencia de demostrar la conciencia del autor sobre el carácter delictivo de sus actos, lo que, según críticas, podría dificultar las imputaciones. Además, no garantiza la imprescriptibilidad de los delitos, lo que permitirá que ciertos casos sean tratados como delitos comunes.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que el proyecto “refuerza la prescripción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma (2002)”, lo que contradice los estándares internacionales. El organismo denunció que la propuesta “representa un grave retroceso de las obligaciones internacionales del Estado peruano”.
Por su parte, la CNDDHH alertó que la aprobación de la norma “compromete seriamente la responsabilidad internacional del Perú” y debilita el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
