Reducción del impuesto a los grandes patrimonios genera costo fiscal de 3.2 billones de pesos en Argentina
El desgravamen tributario ejecutado por la administración de Javier Milei supera el recorte aplicado a las universidades.
Las reformas en los tributos directos disminuyeron los ingresos del fisco mientras el sistema educativo enfrenta restricciones presupuestarias. Foto: EFE.
5 de septiembre de 2026 Hora: 14:22
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El Gobierno del presidente Javier Milei resignó un estimado de 3.2 billones de pesos en recaudación fiscal tras aplicar reducciones progresivas al Impuesto sobre los Bienes Personales. La cifra, calculada por el Instituto Argentina Grande a valores de junio de 2026, sobrepasa los 2.4 billones de pesos recortados al presupuesto de las universidades nacionales públicas.
Las modificaciones tributarias aprobadas en el paquete fiscal elevaron el mínimo no imponible y redujeron las alícuotas aplicables a las patrimonios de mayor escala del país. La reforma incluyó además el levantamiento de gravámenes a bienes de lujo y la habilitación de regímenes especiales con estabilidad impositiva de largo plazo.
De acuerdo con análisis del centro de estudios Fundar, las medidas económicas profundizan la regresividad del sistema tributario argentino, donde los tributos indirectos impactan fuertemente en el consumo. La estructura actual provoca que los sectores de menores ingresos destinen una proporción mayor de sus recursos al pago de impuestos frente a los grupos de altos patrimonios.
La disminución de la recaudación por el tributo a la riqueza equivale a una pérdida sostenida de entre 0.3 por ciento y 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Especialistas en finanzas públicas sostienen que los montos cedidos por el Estado central habrían alcanzado para garantizar el adecuado funcionamiento operativo de la educación superior.
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El impacto financiero de la reforma también afectó de forma directa las arcas de las administraciones subnacionales en el marco del esquema de coparticipación federal. Los informes técnicos indican que los Gobiernos provinciales absorbieron cerca del 59 por ciento de las pérdidas fiscales generadas por la contracción del gravamen patrimonial.
Diversos sectores sociales y opositores denuncian que la política de alivio impositivo beneficia a corporaciones, exportadores y grandes fortunas mientras se recortan partidas presupuestarias esenciales. Las familias de clase media y trabajadora afrontan un escenario de endeudamiento persistente y pérdida acumulada en su poder adquisitivo real.
El debate legislativo y económico se concentra en la necesidad de reestructurar el sistema hacia un esquema tributario progresivo que equilibre la carga fiscal. Las organizaciones académicas insisten en priorizar el financiamiento del desarrollo social y la infraestructura básica sobre los beneficios a los sectores económicamente favorecidos.
Autor: teleSUR - alr - JML
Fuente: Agencias
