El Gobierno de Reino Unido salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas emitidas en cadena nacional. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, aseguró que el archipiélago “es británico” y garantizó que la postura de Londres en la defensa de ese territorio se mantiene con carácter “absoluto e inquebrantable”.

Streeting argumentó que “las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”, apelando a la supuesta autodeterminación de los kelpers, un reclamo históricamente rechazado por la Argentina al tratarse de una población implantada tras la ocupación de las islas.

En su cuenta de la red social X, el funcionario británico vinculó el discurso de Milei con la “política interna” de la Argentina, escribiendo que “la declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

Con esta afirmación, Streeting hizo referencia al referéndum de 2013, donde la permanencia en el Reino Unido obtuvo el 99,8 % de los votos. Una fuente de Downing Street también minimizó las palabras del mandatario ante un medio británico, enfatizando que la autodeterminación de los habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales.

Previamente, Milei anunció un endurecimiento de las sanciones para las compañías que participen en la explotación de recursos naturales en las Malvinas, mencionando proyectos de extracción de crudo de las empresas israelí Navitas y la británica Rockhopper, así como licencias de Borders & Southern y la canadiense JHI.

El mandatario sostuvo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y afirmó que su par estadounidense, Donald Trump, declaró que Estados Unidos está reevaluando su posición histórica sobre la disputa de soberanía. Milei advirtió que, sin una acción firme, Reino Unido tendrá la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo en pocos meses.

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En el ámbito estratégico, Milei confirmó que ordenará por decreto la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, con financiamiento de Estados Unidos, para fortalecer las telecomunicaciones y reforzar la posición argentina en el Atlántico Sur. Esta medida se alinea con una carta de intención firmada en mayo por la Armada Argentina con la Cuarta Flota de Estados Unidos, que contempla provisión de tecnología y apoyo frente a amenazas en la región, en el marco de la coalición Escudo para las Américas.

Asimismo, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la Ley 26.659. Esta norma busca endurecer las sanciones contra empresas, contratistas y proveedores vinculados a operaciones no autorizadas, impidiéndoles operar en cualquier punto del territorio argentino, e incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con facultades extraordinarias.

Cabe destacar que buena parte de estas sanciones ya están vigentes desde la promulgación de la Ley 26.659 en 2011, la cual exige autorización nacional para cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.

Argentina ya sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. Desde la oposición señalan que este anuncio llega tarde, después de que durante 33 meses el mandatario sostuviera una posición activa de desmalvinización.

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