La reciente ofensiva discursiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas por parte del presidente Javier Milei no solo sirvió para fijar agenda pública tras la cadena nacional «Las Malvinas son argentinas», sino que volvió a traducir la prioridad oficial por fortalecer la estructura de inteligencia del Estado.

​A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, el Gobierno nacional dispuso una readecuación presupuestaria que inyectará más de 30.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). 

La cifra se suma a una partida previa de casi 50.000 millones adjudicada durante el período del Mundial, acumulando un incremento que supera los $80.000 millones en poco más de un mes.

​En los papeles, la norma oficial justifica las reasignaciones «con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de inteligencia y contemplar las erogaciones que hacen al cumplimiento de su cometido». 

Sin embargo, desde la sede central de la calle 25 de Mayo buscaron emparentar de inmediato el nuevo protagonismo con la agenda del Atlántico Sur.

​Aliados en las redes y en el Consejo de Seguridad

​Tras la publicación del DNU, la cuenta oficial de la SIDE en X difundió un mapa del archipiélago acompañado por la frase «estamos mirando». 

En la misma línea, el número dos de la central, José Lago Rodríguez, afirmó que el organismo trabaja diariamente para «anticipar, identificar, reconocer, monitorear y analizar acciones y dinámicas de actores estratégicos en el Atlántico Sur».

​Asimismo, fuentes oficiales confirmaron que la conducción de la SIDE participó en los preparativos del anuncio presidencial y tendrá un rol clave en el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, órgano integrado además por Cancillería, Defensa y Economía para trazar la política de seguridad del Estado.

​Polémica por los fondos reservados y la «motosierra» selectiva

​El constante flujo de recursos hacia la central de espías que conduce el contador Cristian Auguadra reactivó las críticas de la oposición por la disparidad en las prioridades del gasto público.

​»En un gobierno que ha aplicado la motosierra, la que no sufrió nunca fue la SIDE. Hubo recortes en áreas sensibles como educación, salud o asistencia social, pero jamás en materia de inteligencia. Los gastos reservados pasaron del 4 por ciento en 2023 al 20 por ciento en 2026«, cuestionó el diputado Agustín Rossi en declaraciones a Página/12.

​Rossi, exinterventor de la disuelta Agencia Federal de Inteligencia (AFI), advirtió que no existe un incremento en la plantilla de personal que justifique semejante erogación. 

Además, fuentes legislativas señalaron que unos 19.000 millones de pesos del reciente refuerzo corresponden a «gastos de capital», partida que históricamente ha alimentado los fondos de libre disponibilidad o cajas no auditadas.

​La evolución de los gastos reservados refleja una curva ascendente desde la llegada de la actual gestión: ​2023, 4 % del presupuesto total de la agencia; ​2024, 8 % (tras la disolución de la AFI y el restablecimiento de la SIDE); ​2025, 13 %, y ​2026, 20 % del presupuesto total del organismo.

​Sin hipótesis de amenaza ni terrorismo

​Las dudas en el Congreso se profundizaron luego de la reciente presentación a puertas cerradas de Auguadra ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).

​A pesar de que desde el Poder Ejecutivo se ha ensayado atribuir parte del despliegue operativo a la preparación de la visita del Papa León XIV prevista para noviembre —cuya custodia primaria recae en el Ministerio de Seguridad comandado por Alejandra Monteoliva—, o a la agenda antiterrorista promovida junto a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, la propia SIDE descartó hipótesis de conflicto complejas.

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​Ante la comisión legislativa, el jefe de la SIDE admitió que el organismo no maneja escenarios de terrorismo político de extrema izquierda ni riesgos de atentados vinculados a la Yihad islámica en territorio nacional.

​Por su parte, la diputada Myriam Bregman vinculó las partidas al alineamiento automático con los mandatos de Washington en la región. 

¨Los incrementos de partidas son para cumplir con la política de Estados Unidos en la ‘guerra por los estrechos¨, como la integración al Escudo de las Américas y la implementación de la ‘Doctrina Donroe’, que ya derivó en acuerdos para patrullajes conjuntos en el Atlántico Sur«, concluyó.

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