El presidente argentino, Javier Milei, realizó este viernes su primera visita a la provincia de Misiones desde que asumió la Presidencia, para cerrar la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú.

La llegada estuvo marcada por una fuerte movilización de rechazo, encabezada por el sector yerbatero, que reclama por el derrumbe del precio de la hoja verde y la desregulación aplicada por el Gobierno nacional.

La protesta reunió a más de 70 organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y productivas, bajo la consigna «La Patria no se vende – Misiones no se vende». Participaron gremios como ATE Misiones, CTA Autónoma, UDA, SMATA, SUTERH y UTEP, junto a agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales y representantes de comunidades originarias, además del Partido Justicialista provincial, que rechazó la visita presidencial y cuestionó la paralización de la obra pública en la región.

El protagonismo, sin embargo, fue para los productores yerbateros, que organizaron un «tractorazo» desde la localidad de Andresito hacia Puerto Iguazú, sobre la Ruta Nacional 101. Más de 80 productores confirmaron su participación con 14 camiones y 16 tractores, en una caravana que avanzó bajo la consigna «Festejamos tu victoria, hoy estamos en la miseria», escrita sobre uno de los vehículos.

«Necesitamos que Milei nos escuche», dijo uno de los productores a la prensa, mientras otro relató que «hay muchos que están emigrando a Brasil» por la falta de rentabilidad del sector —la provincia de Misiones comparte cientos de kilómetros de frontera con el país vecino.

Las fuerzas de seguridad —Gendarmería, Prefectura y Policía de Misiones— desplegaron un operativo sobre las rutas de acceso a Puerto Iguazú y en torno al predio del hotel donde se realizó el evento, de unas 600 hectáreas con apenas dos accesos, lo que limitó el contacto directo entre los manifestantes y la comitiva presidencial.

El reclamo de fondo

Las organizaciones yerbateras y agrarias habían anticipado el tono de la recepción en una carta abierta dirigida a Milei, en la que fueron categóricas desde el inicio: «no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate». El documento responsabilizó a las políticas del Gobierno de destruir una economía regional centenaria, y cuestionó «la falsa eficiencia del modelo de libre mercado» —al que rebautizaron como «modelo de destrucción»— por el aumento de la pobreza en las zonas productoras.

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El conflicto tiene como eje el DNU 70/2023, con el que el Gobierno eliminó la capacidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) —creado en 2002— de establecer precios para la materia prima. Sin esa herramienta, los productores denuncian que deben aceptar valores muy por debajo de sus costos para poder colocar la cosecha.

El dirigente Jorge Skripczuk señaló que el kilo de hoja verde se paga entre 250 y 300 pesos (alrededor de 20 centavos de dólar), frente a costos cercanos a los 500 pesos (33 centavos de dólar). La comparación con 2023 es elocuente: la hoja verde puesta en secadero valía entonces 210 pesos por kilo y la cosecha costaba 15.000 pesos por tonelada (menos de 10 dólares); hoy ese mismo trabajo demanda 79.000 pesos (52 dólares). En el mismo período, el litro de gasoil aumentó sixtuplicó.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizaba en 2024 unos 12.000 productores primarios, 228 secaderos y 105 industrias molineras y fraccionadoras, con las diez mayores empresas concentrando el 72,7% del mercado y las tres primeras, el 41%.

Las entidades yerbateras sostienen que la desregulación profundizó esa concentración, y denuncian una caída superior al 11% en la cosecha entre enero y julio de 2026, con riesgo de que la falta de ingresos reduzca el mantenimiento y la fertilización de los yerbales en las próximas campañas.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida al sostener que el esquema anterior mantenía precios artificialmente altos, y propuso que la industria amplíe sus exportaciones.

Mientras tanto, en la Legislatura de Misiones avanza un proyecto de emergencia yerbatera, impulsado con respaldo del gobernador Hugo Passalacqua, que alcanzaría a explotaciones de hasta 50 hectáreas y establecería un precio mínimo de sostén obligatorio, con facultades de fiscalización y sanciones. Su aprobación está pendiente.

Milei y su defensa del empleo informal

Ya en el escenario, Milei ratificó que no modificará su política económica: «No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano», afirmó, y aseguró que continuará restringiendo la cantidad de dinero circulante «hasta derrotar la inflación».

El mandatario defendió también el trabajo informal con una cifra que no coincide con los datos oficiales: aseguró que se crearon «medio millón de puestos de trabajo» en el sector privado, y cuestionó a quienes consideran que el empleo informal «no es empleo de calidad». «Lo que no es de calidad es robar», sostuvo.

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La defensa de la informalidad resonó de manera particular entre los propios tareferos (trabajadores rurales estacionales) que protestaban a pocos kilómetros del hotel. Miles de cosechadores de la yerba mate de Misiones enfrentan condiciones de alta precariedad, falta de registración y bajos salarios.

Milei aprovechó además la ocasión para insinuar su regreso al «traje de candidato» de cara a las próximas elecciones legislativas: «Vamos a tener mayoría en diputados y vamos a estar a dos senadores de tener quórum en el Senado (…) abróchense los cinturones porque ahí sí que vamos a ir a fondo», anticipó, calificando a su gestión como «la mejor gestión económica de los últimos 100 años de la Argentina».

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