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Representantes de comunidades indígenas en diferentes regiones de Argentina denunciaron las políticas del Gobierno de Javier Milei, que pretenden despojarlos de sus tierras en beneficio de los grandes terratenientes y empresas extranjeras. En la denuncia, realizada vía conferencia virtual, los representantes de esas comunidades alertaron al mundo sobre la ofensiva coordinada del Ejecutivo argentino sobre los derechos de los pueblos originarios.

Noelia Huenumil, Inan Longko (vicejefa) de Lof Melo, una comunidad mapuche que recientemente fue blanco de un intento de desalojo, afirmó que es importante que el mundo conozca la situación que están enfrentando. «Tenemos derechos costitucionales pero no se respetan. El mundo necesita conocer nuestra realidad», dijo la vicejefa de Lof Melo durante la conferencia virtual.

Mauro Millan, de la comunidad de Pillán Mahuiza, en la provincia de Chubut, alertó sobre amenazas al sistema democrático que creían haber consolidado. En febrero de 2025 se produjeron ataques incendiarios en bosques nativos de la zona cordillerana.

El Gobierno de esa provincia atribuyó los incendios a la Resistencia Ancestral Mapuche y ordenó la ejecución de allanamientos por parte de fuerzas federales y locales que derivaron en detenciones. «Creíamos que habíamos consolidado la democracia, pero está siendo destruida«, afirmó Millan.

Milei: gobierno antindigenista

Desde que llegó al poder en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei ha implementado medidas que han incrementado la inseguridad en las comunidades, denunciaron los participantes en la conferencia de prensa que ofrecieron desde sus respectivas regiones vía online.

Explicaron que la actual gestión primero reestructuró el organismo responsable de los asuntos indígenas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (NIIA), despojándolo de toda autonomía. Luego disolvió el Comité del Senado sobre los Pueblos Aborígenes y puso fin al Registro Nacional de Comunidades Indígenas. De forma más simbólica, cambió el nombre de la Sala de los Pueblos Indígenas en el palacio presidencial, que ahora se llama Sala de los Héroes de las Malvinas.

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En noviembre de 2024, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en lo que respecta a la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

Un mes después, el presidente Milei declaró el fin del estado de emergencia territorial, que suspendía los desalojos de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales hasta que se hicieran estudios de las tierras tradicionalmente ocupadas.

Según el Gobierno, este estado de emergencia «creó incertidumbre jurídica e infringió gravemente los derechos de propiedad de los legítimos propietarios […] así como los derechos de propiedad de las provincias sobre los recursos naturales«.

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El Gobierno argentino establece como uno de sus pilares fundamentales el respeto absoluto a la propiedad privada, considerando este derecho no solo como un principio de justicia, sino también como un factor clave para atraer las inversiones necesarias para el verdadero bienestar del país. Esto quedó registrado en el Acta de Mayo, un documento político de orientación firmado en julio de 2024 por el presidente y los gobernadores de 18 de las 23 provincias argentinas.

Desterritorialización de los pueblos indígenas

El Gobierno de Milei ha intentado aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para que los desalojos se tramiten mediante un mecanismo acelerado que permita la expropiación incluso antes de que se resuelva la disputa.

«Puedes ocupar tu territorio durante 200 años y haber iniciado legalmente un proceso para el reconocimiento de tu título de propiedad, pero primero te expulsan, y solo entonces se examina el fondo del caso«, explica la activista mapuche Moira Millan, una de las organizadoras de la rueda de prensa.

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El 6 de agosto, el Senado aprobó la ley tras la eliminación de dos capítulos, entre ellos uno que abría la puerta a la compra de tierras por parte de extranjeros sin ninguna restricción. Aunque la Cámara de Representantes aún no ha votado el proyecto de ley, los esfuerzos de desalojo están aumentando en tierras indígenas codiciadas para la minería y otras formas de extractivismo, de las cuales el presidente es promotor.

Amancay Quintriqueo pertenece a la comunidad mapuche de Lof Kinxikew, ubicada cerca de Bariloche, en el norte de Argentina. Su comunidad, junto con la de Lof Melo, fue blanco de un ataque el 19 de agosto, el octavo intento de desalojo desde 2011 de un área reclamada por una familia de origen belga. Más de 130 personas de ambas comunidades reclaman derechos ancestrales sobre las tierras a orillas del lago Nahuel Huapi, dentro del parque nacional del mismo nombre.

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Su comunidad resistió el ataque de las fuerzas de seguridad, con la ayuda de mil activistas externos, y finalmente los desalojos no se llevaron a cabo. Posteriormente, un tribunal argentino suspendió la medida, alegando un defecto de procedimiento en la ejecución del mismo.

La activista mapuche Nohelia Huenumil denunció que quieren llevarse el agua y los recursos naturales de la zona. Hizo un llamado a la toma de conciencia de que, más que la tierra, quieren llevarse las riquezas naturales que su pueblo ha conservado durante tantos años. «Resistiremos hasta el final para preservar este territorio y sus recursos naturales«, insistió Noelia Huenumil.

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Mauro Millán, de la comunidad de Pillán Mahuiza, denunció la llegada de magnates perversos del capital y la tecnología, que quieren abrir centros de datos en regiones donde viven comunidades indígenas, ricas en agua y minerales críticos.

El norte de Argentina, y en particular las provincias de Jujuy y Salta, forma parte del triángulo del litio, una zona que contiene el 85% de todas las reservas conocidas de este metal. Por eso enfatizó que la protección de los recursos de la Patagonia va mucho más allá de los pueblos indígenas de Argentina. «Es como la preservación del Amazonas: es un tema que concierne a toda la humanidad«, afirmó.

Durante la conferencia virtual, Millan afirmó que en el Cono Sur hay más de 50 pueblos indígenas que luchan por este planeta, por el agua, para que el mundo siga siendo respirable. Por eso, el líder indígena pidió solidaridad, porque «somos perseguidos, asesinados y despojados de nuestros territorios».

La activista Moira Millan se hizo eco de este mismo mensaje: «Hacemos un llamado al mundo, porque esperamos que esta presión social global pueda influir en la opinión pública argentina. Estamos en un período de total regresión y peligro».

La conferencia de prensa también contó con la participación de Florencia Solis, representante del colectivo Marche de Warmis-Femmes du Kollasuyu, un grupo de siete mujeres kolla que marcharon desde la provincia de Jujuy hasta Buenos Aires para denunciar ante el Congreso el extractivismo, la contaminación del agua y el despojo de sus tierras.

Las comunidades indígenas tienen la intención de continuar sus tácticas de presión a nivel nacional e internacional, y han presentado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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