La Justicia argentina suspendió este miércoles 26 de agosto el desalojo de las comunidades indígenas Lof Melo y Kinxikew en una disputa territorial con la familia Broers y empresas privadas que incluye 625 hectáreas en El Pedregoso, provincia de Neuquén, en la patagonia argentina.

El abogado de las comunidades, Virgilio Sánchez, declaró que la inconcreción del desalojo invalida su ejecución: «El desalojo es una diligencia que se tiene que completar y si no se completa, no se puede completar a medias. Se frustró el desalojo», sostuvo.

El letrado aclaró que la suspensión no define la titularidad de las tierras ni resuelve el conflicto de fondo, de modo que la medida queda sin efecto y cualquier otro intento de desalojo requiere que se reabra un nuevo trámite judicial.

El abogado señaló que la medida establece que deben retirarse todos los actores que participaron del operativo, la familia Broers, sus abogados, los operadores de la diligencia y la Policía, junto con la Gendarmería que había ingresado al territorio.

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En paralelo, Sánchez impulsa una salida por fuera de la disputa judicial. Propuso un arbitraje amparado en el nuevo Código Procesal de Neuquén, que a su entender habilita mecanismos novedosos para conflictos de larga data. «Creo que es un excelente oportunidad para resolver un conflicto que en realidad viene de larga data», señaló.

Consultado sobre el alcance de la decisión, el letrado la calificó como un triunfo para las comunidades, «Los derechos cuando no se ejercen es como si no existieran», sostuvo. La lectura llega después de una semana de tensión, con cerca de 1.000 personas movilizadas en respaldo.

El conflicto de fondo se dirime en El Pedregoso, un sector de 625 hectáreas cercano a Villa La Angostura, en el departamento Los Lagos de Neuquén. Allí viven más de 130 personas de las dos lofs, que sostienen una ocupación ancestral sobre la costa del lago Nahuel Huapi. El territorio combina usos económicos con un valor espiritual que incluye espacios sagrados y enterratorios de ancestros, y cuencas de agua y áreas periglaciares amenazadas por el avance inmobiliario y extractivo.

Reconocimiento de población originaria

El Estado argentino reconoció en dos oportunidades la presencia de esas comunidades. En 2004, el Parque Nacional Nahuel Huapi admitió la preexistencia de la Lof Kinxikew y en 2023 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitió la Resolución 332/23, que certifica la ocupación actual, tradicional y pública del lugar.

La entrega efectiva de los títulos comunitarios nunca llegó, y ese vacío legal reactivó las demandas de desalojo que los privados presentan desde 2011.

El expediente que ordenó la expulsión nació de una demanda por despojo de posesión presentada por María Cristina Broers, ciudadana de origen belga. La causa se caratuló «Broers María Cristina c/ Quintriqueo Pascual Felidoro s/ Interdicto de Recobrar», apellido bajo el cual figura la comunidad en sede judicial. En diciembre de 2011, la demandante denunció que integrantes de la lof ingresaron por la fuerza al Lote Pastoril 42.

En septiembre de 2016, la justicia de primera instancia dio la razón a Broers y ordenó restituir el predio. La defensa apeló, pero el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó el recurso por considerarlo fuera de término. Ese error técnico dejó la orden firme, con respaldo posterior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El panorama procesal cambió en diciembre de 2024, cuando el Gobierno nacional derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que congelaba los desalojos de pueblos originarios mientras se completaban los relevamientos catastrales. Su caída dejó desprotegidas a muchas comunidades con juicios pendientes. Los jueces locales entendieron además que el reconocimiento del INAI a la Lof Kinxikew en 2023 no podía anular de manera retroactiva una sentencia firme dictada siete años antes.

Antes de la suspensión, las comunidades recusaron al magistrado Francisco Astoul Bonorino por presuntos vínculos familiares con empresas inmobiliarias locales.

El intento de desalojo despertó una respuesta masiva, con el CELS, ambientalistas y sindicatos movilizados en rutas y caravanas hacia el territorio. Mientras la Lof Kinxikew sufrió el avance de las fuerzas represivas, la Lof Melo articuló una resistencia comunitaria.

El Ministerio de Gobierno provincial propuso una mesa de diálogo. La Corte Suprema, con un recurso de queja pendiente, podría definir la validez de los derechos territoriales indígenas en la zona. La disputa territorial con la familia Broers y empresas privadas sigue sin resolución de fondo.

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